La Xunta consulta a un bufete de Madrid si su modelo eólico es legal

El informe externo ha sido solicitado por la Consellería de Industria a petición expresa de Núñez Feijoo


La Consellería de Economía e Industria ha encargado a un prestigioso bufete de abogados de Madrid un informe jurídico para asegurarse de que la nueva ley eólica, y el canon que pretende cobrar a las empresas del sector, se ajustan a la legalidad. La Xunta se ha replanteando todo el modelo a raíz de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le diera el tiro de gracia al decreto del BNG, suspendiendo cautelarmente el proceso al detectar irregularidades tanto en el citado decreto como en el polémico reparto de diciembre.

El presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijoo, no quiere que dentro de un año ocurra lo mismo con el plan eólico del PP. Y por eso ha decidido que es necesario escuchar las alegaciones del sector. En su día, las empresas eólicas fueron muy críticas con el decreto del bipartito y lo llevaron a los tribunales. Ahora la Justicia empieza a darle la razón a unos operadores que son igualmente críticos con el nuevo canon eólico y con la fórmula elegida por la Xunta para acabar con el concurso del BNG. En este contexto, Feijoo y su conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, le han encargado al responsable de Industria, Javier Guerra, que garantice la plena legalidad del nuevo escenario. Por ello se ha decidido contratar los servicios de un bufete externo para que dé o no el visto bueno al borrador elaborado por Industria. Si la respuesta es negativa, la Administración gallega se replanteará todo el proceso hasta que la nueva normativa que regule el negocio del viento quede, desde el punto de vista de su legalidad, «impoluta», según fuentes próximas a la consellería.

Guerra presentó el primer borrador de la futura ley el pasado 5 de agosto, y anunció su intención de tenerla lista antes de que finalice el año, para convocar un nuevo concurso en enero. La previsión entonces era aprobar el texto en el Consello de la Xunta de aquella misma semana, y remitirlo al Parlamento de Galicia para que fuera tramitado con carácter de urgencia.

Doce semanas de retraso

Finalmente se acordó solo suspender la tramitación de los parques adjudicados en diciembre, y se retrasó la aprobación de la ley. Doce semanas después, aún está siendo analizada en un gabinete jurídico de Madrid.

Fuentes próximas al departamento que dirige Javier Guerra explican que es normal externalizar el análisis de un texto de esta complejidad, para tener opiniones adicionales a las que pueda aportar la Asesoría Xurídica de la Xunta. Pero admiten que ese debería de haber sido el primer paso. En cambio, se anunció una ley, se le trasladó al sector para que presentara alegaciones, se envió al Consello Económico e Social, y ahora todo podría quedar en papel mojado.

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