Sólo 52.252 del total de 338.000 beneficiarios previstos por el Gobierno han cursado la solicitud.
02 oct 2009 . Actualizado a las 23:42 h.El Gobierno ha calculado en 338.000 los parados potenciales que pueden acceder a la ayuda de 421,7 euros, instaurada desde el 17 de agosto para todos aquellos que agoten la cobertura de desempleo desde el día 1 de ese mes y carezcan de otras rentas. No ha habido oleadas en las oficinas de empleo para solicitar la nueva ayuda.
El Ministerio de Trabajo ha remitido a razón de 2.500 cartas diarias a los posibles interesados; pero el ritmo de presentación de solicitudes no ha pasado de 1.161 por jornada. A fecha de 30 de septiembre, transcurrido mes y medio desde la entrada en vigor de la medida, había sólo 52.252 peticiones cursadas. El titular del Departamento, Celestino Corbacho, alegó hace unos días --uando ya se apreciaba que la respuesta no alcanzaba las expectativas- que la situación ponía de relieve la «amplia red de protección social» existente en España, incluidas las ayudas autonómicas y de los ayuntamientos.
La prestación de los 421,7 euros (80% del indicador que se utiliza de referencia para la concesión de becas, cursos de formación, acceso a viviendas de protección oficial, etc., denominado IPREM) fue el único fruto del malogrado diálogo social emprendido antes del verano. No obstante, su aplicación no se debió a ningún acuerdo, sino a un decreto-ley. Las organizaciones empresariales siempre rechazaron la medida, consideraron que se trataba de un gasto innecesario, casi de un despilfarro de los dineros públicos. CC OO y UGT, por su parte, valoraron la decisión del Gobierno, pero la calificaron de «insuficiente».
El decreto fue aceptado por el Congreso de los Diputados y sus señorías votaron por unanimidad para que fuera tramitado como proyecto de ley y aprovechar el proceso para que el recibo de los 421,7 euros se ampliara a aquellos desempleados que se encuentran sin cobertura desde el 1 de enero de 2009. Pese al amplio consenso parlamentario, las enmiendas presentadas al texto original superan la cuarentena. Todo indica que la extensión entrará en vigor en noviembre.
Itinerario
La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, advirtió este viernes de que es pronto para realizar conjeturas. Explicó que el colectivo de 338.000 desempleados «está referido a un periodo de solicitud de ocho meses, es decir, los seis que dura el programa y otros dos de periodo hábil para su demanda». «Ha transcurrido mes y medio y el número de interesados es considerable», añadió, tras recordar que «el proceso se inicia cuando la persona ha terminado su cobertura de paro y acude a los Servicios Públicos de Empleo autonómicos para concertar un itinerario de inserción».
Las centrales mayoritarias tienen una opinión muy distinta sobre lo que ocurre. El secretario de Acción Sindical de CC OO, Ramón Górriz, mantiene que el bajo número de solicitudes obedece al abultado volumen de economía sumergida existente. Remarcó que muchos parados, obligados a buscarse otras salidas para subsistir, temerosos de ser descubiertos o de no poder realizar el itinerario de inserción que les programen los servicios públicos, prefieren renunciar a los 421,7 euros.
Antonio Ferrer, de UGT, comparte la idea de que la economía sumergida siempre crece en época de crisis pero aclaró que la estimación de 338.000 beneficiarios es simplemente «una previsión hecha por el Gobierno» y «nadie sabe quiénes y cuantos parados reúnen los requisitos establecidos por la norma». «Desconocemos cuántos desempleados de los que agotaron su cobertura a partir del 1 de agosto cumplen la exigencia de la renta (carecer de ingresos por encima del 75% del salario mínimo interprofesional)», expuso.
Más inspección
Górriz y Ferrer aprovecharon la ocasión y el balance existente para reclamar medidas contra el fraude fiscal y mayores recursos para la Inspección de Trabajo que permitan frenar el repunte de la economía sumergida y la inscripción de afiliados a la Seguridad Social. En su opinión, es preciso impedir que las empresas se aprovechen de la precariedad económica en la que están inmersos muchos parados, y «cojan trabajadores sin derechos ni cobertura legal y con retribuciones bajas».
El ex secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, aseguró que el motivo predominante para que los desempleados no soliciten la nueva ayuda es, simplemente, que no cumplen los requisitos. «No hay otra explicación razonable», dijo. «No es una buena idea pensar que los parados que, terminada la cobertura, no solicitan los 421,7 euros se encuentran en la economía sumergida, porque cuando se cobra un dinero en negro, ese ingreso no aparece en ningún sitio.
El desconocimiento de los trámites que se han de seguir tampoco es una buena razón», señaló.
Y en línea con lo defendido por el Gobierno subrayó que «hay redes complementarias de ingresos que ayudan siempre, junto con unidades familiares en las que trabajan los dos miembros de la pareja o tienen otras fuentes de ingresos», insistió.