Los empleados de General Motors en EE.?UU. recibieron ayer la paga semanal dos días antes de lo habitual, lo que no podía por lo menos desatar suspicacias sobre la inminencia de una bancarrota. Particularmente, cuando las negociaciones de la empresa con los bonistas para reestructurar la deuda han fracasado, además de los 19.400 ya prestados.
El cheque llegaba con la incertidumbre de si será el último. Si la empresa se acoge a la ley de bancarrota todos estarán en la calle por tiempo indefinido, y las acciones en bolsa quedarán en papel mojado. Pero de ahí saldría una empresa más pequeña y viable que en EE.?UU. conservaría solo las marcas más rentables, como Chevrolet y Cadillac.
El último plan contempla una participación mayoritaria del Gobierno, que llegaría al 70%, dado que planea prestarle hasta 50.000 millones de dólares para salir de la bancarrota. Esta cantidad incluiría la compra de la deuda asegurada a su valor real, además de los 7.600 millones de dólares solicitados por la empresa la semana pasada, y dejaría a la nueva General Motors con una deuda de 10 o 12.000 millones de dólares, en lugar de los 40.000 previstos.
Por su parte, los trabajadores votaban entre ayer y hoy el acuerdo alcanzado por la Unión de Trabajadores Automovilísticos (AUW, por sus siglas en inglés), que ha aceptado una participación menor de la esperada. A cambio de los 20.400 millones del fondo de salud que gestiona, el propio sindicato obtendría un 17,5% en la empresa reestructurada, pese a que ofertas anteriores hablaban de un 39% para los trabajadores y un 50% para el Gobierno, con un 1% para los accionistas. Eso había dado esperanzas a los bonistas de que su parte aumentaría, pero el plazo expiró a medianoche del martes sin que hubiera mejor oferta ni planes para hacerla. La firma anunció que no había logrado, ni de lejos, convencer al 90% de los deudores, como se le había requerido, para canjear los 27.000 millones de deuda por un 10% de participaciones.
Por otro lado, el constructor estadounidense transfirió a su filial alemana Opel el control de sus fábricas y sus patentes en Europa, lo que supone dar carta blanca para su venta. Un paso esencial para garantizarse una ayuda de parte del Gobierno alemán, que podría llegar en forma de crédito puente con el que garantizar la actividad y ganar tiempo hasta organizar una venta ordenada. El futuro de Opel se decide en Berlín. Los candidatos a comprarla son el fabricante canadiense de componentes Magna, el holding de Bruselas RHJ Internacional y el constructor italiano Fiat.