El PP llama a PSOE y BNG a propiciar el rechazo unánime de los parques eólicos marinos en Galicia
ECONOMÍA
El Grupo Parlamentario Popular anunció ayer la presentación de una proposición no de ley en la Cámara para invitar a socialistas y nacionalistas a promover un rechazo unánime de las tres fuerzas respecto a la instalación de parques eólicos marinos en el litoral gallego. En esa iniciativa, los populares instarán a la Xunta a que reclame un nuevo marco normativo del Gobierno central que condicione la autorización de esos parques eólicos a un informe preceptivo de la comunidad autónoma. El mapa divulgado por el Ejecutivo de Zapatero con la propuesta de puntos que podrían albergar esas instalaciones afecta al 75% de la costa gallega.
Informe preceptivo
El portavoz parlamentario del PPdeG, Manuel Ruiz Rivas, explicó en rueda de prensa que la iniciativa popular propone que la Xunta solicite al Gobierno central la apertura de una negociación institucional entre las dos Administraciones para corregir la situación actual. En ese punto, pretende una reforma del marco normativo en dos direcciones. Por una parte, el PP persigue que en el procedimiento administrativo que tramite el Gobierno para la reserva de zonas y la instalación de parques eólicos marinos sea preceptivo un informe favorable de la comunidad autónoma limítrofe con el área eólica marina. Además, precisó Ruiz Rivas, ese informe de la Xunta deberá justificar si la capacidad de evacuación de la energía producida se ajusta a su planificación energética, porque su transporte deberá realizarse por líneas terrestres.
El Partido Popular quiere también que el Gobierno central cuente con las comunidades afectadas en la comisión de valoración de las solicitudes de reserva de zona, para lo que exige representantes autonómicos en los ámbitos de energía, pesca, medio ambiente y territorio.
Críticas al bipartito
Ruiz Rivas reprochó al anterior Gobierno por reaccionar «tarde, mal e arrastro» ante la decisión del Ejecutivo central de permitir aerogeneradores marinos, con la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. El portavoz parlamentario tachó de «chapuza» la actuación del bipartito en ese ámbito.