El presidente del BBVA, Francisco González, reclamó ayer la necesidad de llegar a un gran pacto económico y social para poder hacer frente a la gravedad de la crisis, a la que se refirió como «situación de emergencia nacional». La envergadura de la tarea hace que, en opinión de González, «ningún Gobierno, ningún partido», pueda abordarla en solitario.
«Si no trabajamos todos juntos -insistió- esta crisis será mucho más larga y dura, y limitará la capacidad de crecimiento futuro». Asimismo, alertó de que es muy posible que entidades financieras españolas acaben teniendo problemas de solvencia si esta situación se prolonga.
Tomando el testigo del llamamiento hecho por el responsable del BBVA, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para acusar al PP de «no arrimar el hombro» ante la crisis. De la Vega ironizó con las palabras de González, apuntando que «quizás estaban dirigidas al PP, que es hasta ahora el que falta», para subrayar la labor del Gobierno en la mesa del diálogo social.
Pero el presidente del BBVA, en su discurso ante la junta del banco, puso el dedo sobre otras llagas, vaticinando que en la tercera fase de la crisis -la primera provocó la desaparición de grandes firmas del sector y la segunda la protagoniza el repunte de la morosidad- «las entidades que sobrevivan afrontarán una reconversión inevitable».
De cara a ese futuro próximo, abundó en su tesis de que, si bien la recuperación económica pasa por la solución de los problemas de solvencia del sistema bancario, «mantener en pie a una entidad irremediablemente dañada mediante ayudas públicas afecta negativamente al funcionamiento del sistema y perpetúa la desconfianza». En el caso de España, si la recesión es suficientemente dura y prolongada -«que lo es», apostilló- pueden emerger problemas de solvencia en algunas entidades. En este caso, recomendó hacer uso de las instituciones y sistemas ya existentes y puestos a prueba en crisis precedentes: la aplicación de las normas reguladoras del Banco de España, los procedimientos de saneamiento del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y la vuelta al sector privado de la entidad ya saneada.
Esa misma postura la ha defendido reiteradamente el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, que ayer mismo volvió a insistir en que el Gobierno no se apiadará de los bancos insolventes o que se hayan comportado de forma irresponsable, ya que solo acudirá al rescate de las entidades que han actuado «de forma correcta en cuanto al saneamiento de sus cuentas».
El ministro, que ayer partió hacia Londres para participar en una reunión preparatoria de la cumbre que el G-20 celebrará en abril, insistió en que el apoyo público a la banca deberá articularse a través del Fondo de Garantía de Depósitos.