Los promotores piden al Estado que compre su «stock» de pisos o dé ayudas para alquilarlos

N. Bore

ECONOMÍA

10 feb 2009 . Actualizado a las 02:02 h.

El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, insistió ayer en que la solución para que el sector inmobiliario supere la crisis pasa «necesariamente» por absorber el excedente de viviendas que hay en el mercado, e insistió de nuevo en que una alternativa sería que el Estado adquiriese los pisos sin vender a través de un fondo de adquisición inmobiliaria. «Es la medida última, porque es la que más le rechina al Gobierno, pero tiene aspectos positivos. Sería desaprovechar un momento de oportunidad para crear un parque de alquiler en España», insistió el presidente de la patronal de la construcción, pese a admitir que la ministra del ramo, Beatriz Corredor, ya le ha dicho que no a la propuesta.

Medidas alternativas

En el transcurso de un almuerzo informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Galindo planteó otras medidas alternativas para aliviar la crítica situación del sector, para el que pronosticó una destrucción de empleo de casi un millón de personas en dos años, así como una caída del inicio de nuevas viviendas en este ejercicio del 65%, al pasar de 280.000 en el 2008 a unas 100.000.

Subvención e IVA reducido

En este sentido, la patronal ha propuesto al Ministerio de Vivienda sacar a alquiler medio millón de pisos con subvención estatal, de modo que se arrendarían al 3% de su valor (estimando una media de 200.000 euros), del que el inquilino pagaría el 2% (poco más de 300 euros mensuales) y el Estado el 1% restante. Galindo calificó de «razonable» el coste que tal medida tendría para la Administración, en torno a 1.000 millones de euros anuales, y que permitiría a los promotores amortizar su deuda y volver a tener actividad.

El abanico de alternativas que el sector ofrece al Estado no se agota aquí, pues la Asociación de Promotores y Constructores también ha propuesto al Gobierno que se facilite la vía del alquiler con opción a compra reduciendo el IVA que se le aplica, del 16 al 7%, que grava la adquisición de vivienda o, incluso, al 4% de las VPO.