La guerra por el control de Caja Madrid ha vuelto a reabrirse, después de que ayer el grupo popular en la Asamblea de Madrid presentase una enmienda a la ley de acompañamiento por la que se modifica la ley de cajas en varios puntos, entre ellos, la reelección de cualquier consejero que pretenda, después de 12 años, seguir en su puesto, como es el caso del actual presidente de la entidad, Miguel Blesa, que deberá ser designado por el mismo sector que lo nombró previamente. El cambio normativo, en el caso de Blesa, implica que cuando este concluya su mandato actual, en septiembre del próximo año, solo podrá ser reelegido si se presenta por la Asamblea, que es quien lo nombró.
La traducción práctica es que Blesa tendrá que plegarse a las órdenes de Esperanza Aguirre, ya que solo de ella dependerá su continuidad.
En este sentido, parece que ayer el presidente de la entidad financiera madrileña dio un primer paso para congraciarse con Aguirre, pues el ex ministro Ángel Acebes, y el ex consejero Manuel Lamela se incorporaron al consejo de administración.
Pero las reformas legales impulsadas por el PP regional con respecto al control de la segunda caja de España van más allá, puesto que también recortarán notablemente la representación del Ayuntamiento de la capital en la caja, al pasar del actual 70% al 30% de representantes en el consejo.
El 40% que pierde el gran rival político de Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, se repartirá entre otros municipios de la comunidad. Aunque fuentes del Grupo Popular en la Asamblea afirmaron que este cambio supone una «proporcionalidad democrática» en la representación de todos los municipios, el golpe de efecto está en que, precisamente, la mayoría de ellos están gobernados por el PP y son afines a la presidenta.