Empresas que temen quedarse sin parques eólicos puentean a la Xunta y los piden en Madrid

Tomás G. Morán Miguel Á. Rodríguez

ECONOMÍA

16 dic 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

Empresas del sector eólico están presentando estos días en el Ministerio de Industria peticiones de parques de más de 50 megavatios como plan B ante la posibilidad de no resultar beneficiados en el concurso que ultima la Xunta. La solicitudes están siendo dirigidas a la Delegación del Gobierno y directamente al ministerio. El objetivo es pedir los permisos antes de que el conselleiro de Industria, Fernando Blanco, firme la orden de admisión a trámite de los 2.325 megavatios del concurso autonómico, para lo cual tiene de plazo como máximo hasta mañana. Con esta argucia, las empresas esperan pleitear sobre los futuros parques alegando que llegaron antes.

Los parques de más de 50 megavatios se regulan por el régimen ordinario del sector eléctrico, y son competencia del Gobierno central. Habitualmente, en España no se solicitan parques de esta potencia, porque al no estar encuadrados en el régimen especial, reservado para las renovables y de ámbito autonómico, no reciben en la tarifa la prima que le corresponde a la eólica como premio por no contaminar. Lo que habitualmente hace una promotora que quiera construir parques grandes es dividirlos en instalaciones de menos de 50 megavatios y pedir permisos individuales.

Dos empresas, Endesa y Estela Eólica, cambiaron ese statu quo en los últimos meses y pidieron potencia en Madrid. La Xunta se ha opuesto a esas dos solicitudes mediante informes técnicos desfavorables, aunque no vinculantes. La Administración gallega asegura haber encontrado hasta una docena de fallos en las tramitaciones de estas compañías, que pretenden instalar 700 megavatios (casi un tercio de la potencia que reparte la consellería).

Pero ahora han sido muchas más las operadoras que han decidido puentear a la Xunta y buscar una segunda oportunidad por si fracasan en el concurso de Industria. En realidad, explican fuentes del sector, al ministerio se están llevando los mismos proyectos, «solo que en vez de divididos en 49 megavatios, en 51». «El trabajo estaba hecho, y solo se ha aprovechado esta herramienta legal como plan B», explica un promotor que presentará su solicitud entre hoy y mañana.

«Una pica en Flandes»

El inminente concurso eólico tendrá que elegir entre anteproyectos por más de 30.000 megavatios y solo tiene 2.325 para repartir. Esa avalancha de solicitudes, recuerdan fuentes del sector, coinciden en unas áreas muy concretas, muchas fuera del actual plan sectorial vigente. Dicho de otro modo, para el mismo monte hay varios candidatos. Lo que pretenden los operadores con estas solicitudes es poder utilizar, en caso de un proceso judicial, el argumento de que ellos estaban antes. «Se trata de poner una pica en Flandes», explica la misma fuente.

Fuentes jurídicas explican que, aunque los anteproyectos que se adjudicarán esta semana fueron presentados en junio, según está redactado el decreto eólico las solicitudes administrativas se harán formalmente en un plazo de tres meses a contar desde la resolución del concurso. A este resquicio legal se podrían acoger los candidatos perdedores, según estas mismas fuentes.

El anterior equipo del Ministerio de Industria, capitaneado por Joan Clos, intentó aprovechar la redacción del nuevo reglamento de tarifas para otorgar también primas a la eólica de más de cincuenta megavatios. Finalmente, la Xunta detectó el movimiento, escondido en la letra pequeña del borrador, y negoció con éxito en Madrid para suprimir ese cambio, que en la práctica suponía dejar a las autonomías sin competencias eólicas. A través del régimen ordinario, las empresas renuncian a la prima de las renovables, lo que supone reducir los ingresos en torno a un 20%.

No obstante, explica un promotor gallego, «siempre es mejor tener un parque en régimen ordinario que no tener nada». Además, asegura, «si se hacen bien los números casi compensa, porque en el concurso de la Xunta hay una participación pública gratuita, se puntúa la cesión de acciones a los ayuntamientos, a los dueños de montes, y al final un proyecto puede quedar descapitalizado en casi un 30%».