La pretensión de la Consellería de Industria de que los beneficios generados por la energía del viento en Galicia repercutan en la economía de la comunidad podría chocar con la realidad jurídica. Grandes aspirantes del concurso eólico manejan informes jurídicos según los cuales si un anteproyecto no recibe el total de potencia solicitada su promotor quedará eximido de cumplir con el plan industrial, la gran baza de Industria para que parte de la riqueza del viento se quede en Galicia.
En la puja eólica concurren más de 150 proyectos que aspiran a más de 30.000 megavatios, pese a que solo se reparten 2.325. En la lista hay tres peticiones de más de 1.000 megavatios y casi otra veintena de más de 500. No obstante, en el sector se da por hecho que la mayoría de adjudicatarios se tendrán que conformar con pequeños paquetes de entre 100 y 300 megavatios.
Todos esos proyectos llevan asociados unos planes industriales, a través de los que las empresas se comprometen a efectuar inversiones estratégicas para la economía gallega. Así, por ejemplo, un grupo de empresarios se ha unido para cambiar de ubicación la pastera de Ence en Pontevedra. A cambio piden 638 megavatios. La duda es a qué estarán obligados si la consellería solo les otorga una parte de esa potencia.
En ese caso, algunos de los grandes aspirantes ya han recabado informes jurídicos que les eximirían de cumplir el plan industrial. «Con un megavatio menos, yo me considero liberado de esos compromisos», explica un candidato al concurso. «Y si me dan la quinta parte de lo que pido espero que nadie pida que haga la quinta parte de mi plan industrial, porque es imposible», advierte otro eólico que concurre con varios proyectos.
Ante la avalancha de peticiones, y la consiguiente necesidad de que la lista de adjudicatarios sea muy repartida, la consellería pidió a última hora a los promotores que presentasen un plan industrial por cada parque solicitado. Diferentes fuentes del sector explica que en muchos casos eso no ha sido posible. Media docena de candidatos se presentan con tres, cuatro y hasta cinco anteproyectos. Algunos de ellos aspiran a varias decenas de parques. «Nosotros ya teníamos nuestro plan industrial elaborado, con los números echados, y decidimos mantenerlo. No tenía sentido empezar de cero y presentar quince proyectos diferentes», explica una de estas fuentes.
A la subasta de la Xunta acuden también diferentes aspirantes unidos en planes industriales conjuntos, vinculados todos a un mismo fabricante de aerogeneradores. Esos compromisos, explica uno de estos operadores, se podrán mantener con la potencia solicitada, «pero con menos megavatios non saen as contas». Además, añade esta fuente, «moitos números foron feitos hai case un ano, nunha situación económica diferente; agora, os custos financeiros van ser maiores».
Otras fuentes admiten que la única forma de garantizar los planes industriales habría sido solicitar avales por el valor de la inversión comprometida. Algo así está ocurriendo en Asturias, donde el Gobierno del Principado acaba de lanzar su propio plan eólico. Según estas fuentes, las autoridades asturianas exigen que los planes industriales sean «comprobables, medibles y que estén avalados». «Asturias lo ha podido hacer porque se trata de proyectos de menor cuantía. Aquí se ha hecho de otra forma, porque, entre otras cosas, un aval para garantizar una inversión de 600 o 700 millones de euros puede ser costosísimo y puede encarecer demasiado la operación», explican.
El incumplimiento de los planes industriales asociados a las concesiones eólicas fue uno de los grandes fracasos de la política energética de los Gobiernos del PP. Inicialmente, las eólicas se comprometieron a fabricar en la comunidad los aerogeneradores que instalarían en los montes gallegos. Trece años después, más del 70% de la inversión prevista voló de Galicia. Además, la Xunta cifró en apenas un 30% el grado de cumplimiento de los planes industriales por parte de las empresas.