La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, reconoció ayer que el sector de la construcción residencial vive una «profunda crisis», cuya solución pasa por el interés de las inmobiliarias en invertir y la actitud de las entidades bancarias, a las que ha pedido que faciliten liquidez a los empresarios. «Promotores y constructores, con su iniciativa inversora son el instrumento necesario para conseguir la reactivación y reconversión del sector, pero también resulta crucial la intervención de las entidades financieras, que deben ofrecer la liquidez necesaria a las empresas para que puedan afrontar sus nuevos retos», subrayó.
En la clausura de un curso de verano de la Universidad de Oviedo sobre La vivienda en el contexto socioeconómico, Corredor ha reconocido que España se encuentra en una situación «adversa y en una compleja crisis que se focaliza de forma muy especial en la construcción residencial».
Las causas, según la ministra, hay que buscarlas en las turbulencias financieras internacionales, las hipotecas basura, la subida del petróleo, el aumento «desproporcionado» de los precios de la vivienda y el suelo durante los últimos años, y el incremento de los tipos de referencia hipotecarios.
Este escenario adverso ha provocado una «profunda crisis» en el sector de la vivienda que, según Corredor, afecta tanto a empresas y trabajadores como a promotores, entidades financieras, suministradores, industrias auxiliares y particulares.
Tras recordar que todo este sector supone el 18% del PIB nacional, Corredor ha incidido en que el problema se ha agravado por la falta de vivienda en alquiler y por el hecho de que la vivienda se convirtió en «refugio razonable» de la inversión, para devenir en un «mecanismo acelerador de la especulación».
De inversión a especulación
«Es especialmente preocupante el uso generalizado de un bien de primera necesidad como medio de enriquecimiento pasivo», ha señalado la ministra, para quien esta «crisis de coyuntura» debe servir para sacar las enseñanzas necesarias y que no vuelva ocurrir.
El Gobierno ha emprendido acciones con ese fin, dijo, «no con la finalidad de impedir un ajuste en el sector, que era deseable y necesario, sino para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la vivienda».
No obstante, señaló que ese punto de partida no supone que el Ejecutivo no tenga en cuenta los intereses legítimos de los sectores económicos implicados o que no intente paliar las consecuencias que la coyuntura les está infringiendo, sobre todo, en lo que atañe a los trabajadores.
La ministra también anunció que esperaba poder llevar al Consejo de Ministros, antes de que concluya el año, el Plan Renove para la rehabilitación de viviendas.