El déficit tarifario acumulado en el último decenio roza ya los 15.000 millones de euros (el doble de lo que todavía habrá que invertir para que el AVE llegue a Galicia), y eso supone que cada uno de los 25,5 millones de clientes domésticos que hay en España (hogares y pymes) debe de media a las eléctricas 329 euros que tendrá que devolver en los próximos veinte años. La razón de este desfase es que desde 1997 (cuando el Gobierno de Aznar decidió congelar el recibo de la luz como medida para salir de la crisis económica), el precio que paga el cliente final por la electricidad no alcanza a cubrir los costes necesarios para generar, transportar, distribuir y comercializar la energía.
La intención del Gobierno, explican fuentes del Ministerio de Industria, es corregir esta tendencia en la presente legislatura, lo que en la práctica supondrá tener que incrementar el recibo de la luz entre un 20 y un 30%. Antes de las elecciones, el departamento que todavía dirige Joan Clos prometió que en el 2008 las tarifas en ningún caso subirían por encima del coste de la vida, pero no dijo nada del resto de la legislatura. Según fuentes de Unesa, la patronal del sector eléctrico, para lograr que el déficit deje al menos de engordar se debería de aplicar un incremento inmediato de los precios del 28%.
El propio Ministerio de Industria, en la última memoria económica enviada a la Comisión Nacional de la Energía, admite que la tarifa para los hogares debería de haber subido el 1 de enero un 12,1%, pero argumenta que el aumento fue menor por «responsabilidad política». Entonces, el Ejecutivo aplicó la primera revisión de los últimos doce meses (del 3,3%) y este lunes renunció a incluir un nuevo incremento en la propuesta tarifaria de abril. Durante el 2007, el Consejo de Ministros echó abajo por dos veces la propuesta de Clos de revisar los precios al alza, para evitar una medida a todas luces impopular en plena precampaña electoral.
Fuentes del sector eléctrico explican que los planes iniciales, una vez asegurada la victoria socialista el 9-M, eran comenzar a recuperar el terreno perdido, pero ahora el Ejecutivo se ha encontrado con una desaceleración económica más aguda de lo previsto, con los precios desbocados y el consumo privado en clara recesión.
Las mismas fuentes explican, además, que la decisión sobre el momento en que se debe afrontar el problema dependerá en parte de quién ocupe la cartera de Industria en el nuevo Gabinete. En cualquier caso, la decisión de acabar con el déficit en cuatro años es firme, por cuando su principal ideólogo, Pedro Solbes, tiene garantizada su continuidad al frente de la vicepresidencia económica.
En la documentación enviada al regulador, el ministerio pronostica que en el presente ejercicio el déficit se incrementará en 4.740 millones de euros, quedando al final del año en 14.995 millones. Esta cifra, la más elevada en ocho años, se explica por los desmesurados precios del petróleo, la materia prima con la que se produce el 52% de la electricidad que se consume en España. Un 56% de esa hipoteca energética deberá ser pagada por hogares, comercios y empresas conectados a redes de baja tensión. Los grandes consumidores, por su parte, tendrán que hacer frente a un 37% de la deuda.