Bruselas acusa a Repsol y a Cepsa de estafar al contribuyente español

Cinco petroleras inflaron artificialmente durante doce años el precio del alquitrán para asfaltar carreteras


Las petroleras españolas Cepsa y Repsol deberán pagar 83,8 y 80,5 millones de euros respectivamente por pactar los precios del alquitrán para asfaltar carreteras, que vendieron durante doce años a las empresas constructoras concesionarias de obras públicas en España. Así lo decidió ayer la Comisión Europea, que acusa a esas dos compañías de repartirse, junto a la británica British Petroleum (BP), la sueca Nynäs y la portuguesa Galp, el mercado español del alquitrán, que mueve más de 268 millones de euros al año.

Para Bruselas, la actuación de esas empresas constituye una estafa en toda regla, que habría perjudicado no sólo a sus clientes, sino también a las Administraciones españolas y a los contribuyentes, que son quienes sufragan con sus impuestos la construcción de las infraestructuras viarias.

Según explicó ayer la comisaria europea de Competencia, la holandesa Neelie Kroes, la estafa empezó en 1991, en pleno auge de la construcción de carreteras, autopistas y autovías en España. Fue entonces cuando las cinco compañías empezaron a reunirse «en hoteles y en sus propias sedes» para pactar los precios del alquitrán en lo que denominaron Mesa del asfalto. A partir de ahí, durante doce años, acordaron las fechas en las que aplicarían cambios de tarifas a sus compradores, se repartieron sus carteras de clientes distribuyéndose cuotas de mercado, y se intercambiaron información sensible sobre las demandas y necesidades de las constructoras.

«El libro gordo de Petete»

La Comisión asegura que incluso establecieron un sistema para compensarse mutuamente por las desviaciones que pudiera sufrir su acuerdo secreto, que fue registrado en un volumen de documentación que las petroleras bautizaron con el nombre clave de PTT, en ocurrente referencia al El libro gordo de Petete, un conocido programa infantil de los años 80.

Bruselas tuvo conocimiento de la existencia de ese registro en el año 2002, cuando BP decidió confesar su existencia y acogerse a una norma, recién creada entonces por la UE, que garantiza inmunidad y libera de sanciones a las sociedades que participen en un cartel ilegal y que decidan autodenunciarse, para proporcionar la información necesaria que permita procesar a las firmas compinches.

Gracias a su chivatazo, BP pudo librarse de una sanción de 66,4 millones de euros. También Cepsa y Repsol han visto reducidas las multas iniciales que Bruselas preveía aplicarles, por haber confesado su participación y colaborar con la Comisión en la resolución del caso. De no haberlo hecho, según Kroes, les habrían correspondido 134 y 112 millones, respectivamente. Nynäs y Galo tendrán que pagar 10,6 y 8,7 millones cada una. En total, la sanción impuesta a las cinco compañías asciende a 183 millones de euros.

Neelie Kroes insinuó ayer que, con independencia de las multas, las autoridades españolas deberían acudir a los tribunales para reclamar daños y perjuicios a las petroleras por los sobrecostes que han soportado durante doce años las arcas del Estado, debido al incremento de precios que ha provocado el falseamiento de la competencia en el sector del alquitrán durante más de un decenio. Repsol anunció que recurrirá la multa ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Competencia, que este año ya ha impuesto multas por valor de 2.500 millones de euros -frente a los 1.800 millones del 2006-, decidió también sancionar con 10,2 millones a Visa por impedir al banco británico Morgan Stanley formar parte de su red de medios de pago. Además, aprobó la fusión de las discográficas Sony Music y BMG.

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