Medio Ambiente descarta revisar las concesiones por estimar que sería demasiado caro Madrid responde a la petición de Bruselas de acabar con los privilegios de las eléctricas
02 feb 2007 . Actualizado a las 06:00 h.El Gobierno ya ha perfilado el método con el que dará cumplimiento a la directiva europea del agua y a las exigencias de Bruselas para que las eléctricas españolas dejen de beneficiarse de la explotación de unos embalses ya amortizados y cuyas concesiones superan ampliamente el máximo que permite la ley. El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, explicó ayer en A Toxa que el Ejecutivo está estudiando repercutir a las compañías generadoras de electricidad los costes medioambientales que provocan sus instalaciones en los cauces de los ríos. Se trataría de un impuesto, compatible con el canon hidráulico que ultima la Consellería de Economía, que gravaría la utilización de los caudales para producir energía. El segundo del departamento que dirige Cristina Narbona explicó, además, que el Ministerio de Industria, a través de la Secretaría General de Energía, estudia una modificación en la estructura tarifaria de la hidráulica, de modo que las compañías reciban un precio inferior al de mercado. Desde la liberalización en 1995, las centrales hidráulicas venden el kilovatio al mismo precio que el resto de la industria generadora, pese a que el coste de producción, una vez amortizados los pantanos construidos durante el franquismo, es prácticamente nulo. Antonio Serrano descartó, en principio, que la nueva ley del agua que prepara el Ejecutivo de Zapatero revise los permisos de los embalses para que éstos reviertan al dominio público antes de la finalización de las licencias, pese a que la mayor parte de ellas superan el límite establecido por el texto actual, de 1985. En su opinión, «una concesión es un título, cuyo rescate tiene un coste demasiado elevado y, al margen de que se hayan amortizado o no estas instalaciones, no es fácil legislar con carácter retroactivo, porque supondría restringir derechos individuales y podría provocar una reclamación en los tribunales». No obstante, explicó que «del mismo modo que se modifica la forma de establecer y recaudar tributos, se pueden legislar otras cosas, y desde el ministerio existe un compromiso y una obligación de cumplir la directiva marco del agua, en la que entre otros aspectos se establece la obligación de repercutir los costes ambientales a quienes los generen». Canon gallego Por su parte, el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, que participó junto con Serrano en la comisión mixta ministerio-Xunta celebrada en A Toxa, recordó que «o Goberno galego está analizando a aplicación de algún tipo de tributación polo aproveitamento hidroeléctrico da auga. Cataluña -explicó- ten en marcha dende fai dous anos un canon de 0,00053 euros por metro cúbico turbinado para as grandes eléctricas, e aínda ningunha empresa recurriu nin repercutiu a taxa no recibo da luz». En este sentido, Vázquez explicó que el canon medioambiental que proyecta el Ejecutivo central no tendría por qué colisionar con el canon hidroeléctrico de la Xunta. Además, el conselleiro matizó que ese impuesto, que pretende que parte de la riqueza que obtienen las eléctricas en los embalses gallegos revierta en la comunidad, afectará a todos los ríos, y no sólo a aquellos sobre los que la Gobierno gallego tiene competencias. La Xunta estima que, si no se revisan las condiciones actuales, las eléctricas ganarán hasta la finalización de las concesiones más de 30.000 millones de euros con la explotación de los 24 embalses más grandes de la comunidad.