La ley recomienda renovar los registros cada diez años, pero no obliga a los ayuntamientos Aunque supone un descenso de los ingresos por IBI, también abarata las expropiaciones
19 nov 2006 . Actualizado a las 06:00 h.Dos de cada tres ayuntamientos gallegos no han actualizado su catastro desde antes de 1994. Es decir, están incumpliendo la recomendación que recoge la ley, que señala la conveniencia de renovar los registros cada diez años. Sin embargo, el Catastro no tiene la posibilidad de imponer a los concellos esta obligación, y han de ser las autoridades locales las que tomen la iniciativa. Las consecuencias inmediatas de esta situación son dos. Aunque supone un ahorro en el recibo que pagan los ciudadanos, merma la autonomía de los ayuntamientos a la hora de prestar servicios. De otro, abarata el coste de las expropiaciones -uno de los factores que se toman en cuenta es el valor catastral-, lo que tiene consecuencias negativas para los propietarios cuando deben ceder sus bienes para cualquier actuación pública. «De todos modos, el catastral no es el único valor que pesa, y si está desfasado en 20 años o más se utilizan otros elementos», explican fuentes de Hacienda. Añaden que el objetivo pasa por actualizar unos 2,7 millones de inmuebles al año. «El ritmo adecuado sería renovar entre el 5 y el 10% de todas las propiedades cada ejercicio. Pero la iniciativa deben tomarla los municipios», explican. Insuficiencia «En Galicia, el minifundismo, el reparto de la propiedad en muchas manos, aumenta la complejidad del catastro y ralentiza su actualización», explica Santiago Lago, profesor de la Universidad de Vigo. Pero esta falta de renovación es una de las razones que explica la insuficiencia financiera de los ayuntamientos gallegos. «Coincidiendo con el bum inmobiliario, los concellos han visto aumentar sus ingresos porque hay más viviendas, a precios más altos, y más recibos», argumenta Lago. Sin embargo, también aumentan los gastos porque el concello ha de prestar todos los servicios a las nuevas construcciones. «En el caso de la subida de los tipos de IBI, que tienen incluso más importancia sobre los ingresos de los ayuntamientos que el valor catastral, hay una falta de voluntad política. Fuera de las siete grandes ciudades y algunas áreas metropolitanas el porcentaje se aproximan al mínimo», explica Lago. Ello hace que posteriormente sea la Xunta la que cubra, a través de sus Presupostos, las necesidades de los ayuntamientos para poder prestar todos los servicios. «El Gobierno gallego debería premiar sólo a los concellos que más esfuerzo hacen, es decir, a los que ejercen sus competencias, en lugar de darle el dinero a aquellos que no han cobrado los impuestos que les corresponde aplicar», solicita.