Prevé que la ley que creará el tributo inicie su tramitación parlamentaria a principios del 2007 Economía trabaja ya en la definición técnica del impuesto, que espera concluir antes de fin de año
23 jul 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?l Gobierno gallego ha iniciado los trabajos para la definición técnica del canon hidráulico con la previsión de que el tributo que las empresas eléctricas tendrán que pagar por la explotación de los recursos hidráulicos de Galicia pueda entrar en vigor en el ejercicio del 2008. Con ese escenario temporal como referencia, la Consellería de Economía espera dar forma en el último cuatrimestre de este año a las características técnicas del canon, lo que permitiría iniciar la tramitación de la ley correspondiente en el Parlamento a principios del 2007. El proceso de tramitación en la Cámara autonómica se extenderá a lo largo del próximo año, con lo que la normativa sobre el gravamen quedaría aprobada para su aplicación en el 2008. Economía pretende vincular el tributo a la capacidad de cada central hidroeléctrica. En ese sentido, los técnicos de la consellería están estudiando los parámetros que determinarían esa capacidad, entre los que se barajan el consumo de metros cúbicos de agua o la generación de energía eléctrica. El departamento que dirige José Ramón Fernández Antonio insiste en las directrices que ya planteó en su momento el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en relación a que la solución final que se adopte, para que una parte de los beneficios que las eléctricas obtienen con la explotación de los recursos hidráulicos revierta en la comunidad, deberá ser «concertada, acordada e dialogada coas propias empresas». Touriño sostiene que las compañías asumirán de forma dialogada la necesidad de «aportar máis ao país», aunque tiene claro que no aplaudirán la medida. El Ejecutivo quiere que ese consenso, tanto en el plano político como en el empresarial, contribuya a reforzar una iniciativa que la Xunta adoptará en el uso de sus competencias. El conselleiro de Economía ha rebatido en ese punto la advertencia lanzada desde algunas eléctricas de que la medida excedería el ámbito competencial de la comunidad. Fernández Antonio recordó que Galicia dispone de autonomía financiera y, por tanto, «puede crear un impuesto medioambiental», tal como lo reconoce la Constitución, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y el Estatuto. La propuesta del Gobierno gallego cuenta, además, con el apoyo expreso de la propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que estima «perfectamente planteable» que la Xunta habilite medidas que graven a las compañías hidroeléctricas por el uso que hacen de un recurso natural como es el agua.