Cuestiona la forma en la que se obtuvieron algunas de las concesiones actuales La ministra considera «perfectamente planteable» gravar a las hidroeléctricas
05 jul 2006 . Actualizado a las 07:00 h.La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, entró ayer en el debate sobre la necesidad de que las empresas hidroeléctricas reviertan una parte de sus beneficios a las comunidades en las que explotan los recursos naturales. Narbona consideró «perfectamente planteable» la posibilidad apuntada desde la Xunta de establecer un canon que grave a las empresas eléctricas por el uso que hacen de un recurso natural como el agua. La ministra, que presidió ayer en Madrid el Consejo Nacional del Agua, explicó que uno de los elementos de la reforma de la ley de aguas que prepara su ministerio es precisamente el cambio en el régimen económico y financiero. «Cuando hablamos régimen económico y financiero estamos hablando de todas las figuras que pueden gravar los distintos derechos al agua», apuntó Narbona. «Por supuesto, sería perfectamente planteable», contestó con rotundidad cuando se le habló de la posibilidad apuntada en algunos sectores de la Xunta de aplicar un canon hidráulico de carácter autonómico a las eléctricas. Fin de concesiones La ministra apoyó también a la Xunta en el debate sobre la necesidad de renegociar los contratos y los términos de las concesiones por las que las empresas explotan los embalses en Galicia. Las compañías han amortizado ya con creces las inversiones que realizaron en su día, y a pesar de ello tienen los derechos de explotación durante más de 30 años de media. La responsable de Medio Ambiente adelantó que en la próxima reunión del Consejo Nacional del Agua se tratarán los cambios en el régimen económico y financiero del agua, «y por tanto, el que atañe a los distintos tipos de concesiones». «Hay razones para revisar el régimen concesional en muchas ocasiones», explicó Narbona, que anunció la constitución de unos bancos públicos de agua «que se nutrirán, entre otras cosas, precisamente de las revisiones de licencias existentes». La ministra, al igual que hiciera recientemente la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no comparte el criterio expresado entre otros por el presidente de Fenosa, Pedro López Jiménez, de que los permisos son contratos administrativos intocables. Narbona cuestionó incluso la manera en la que las empresas adquirieron en su día los derechos sobre algunas de las concesiones que explotan en la actualidad. Derechos históricos «Algunos son derechos históricos, licencias de distintos momentos de la evolución de nuestro ordenamiento jurídico y siempre hay que tener en cuenta en base a qué normas se han adquirido determinados derechos», afirmó la ministra poniendo sobre la mesa el debate sobre el hecho de que muchas de las concesiones actuales fueron obtenidas durante el régimen franquista y en algunas ocasiones en condiciones poco claras. Sobre algunos de esos contratos no existe ni siquiera registro documental en la Administración, y en otras ocasiones la documentación es incompleta. «No hay que descartar en estos momentos un avance en esa dirección», respondió Narbona cuando se le planteó la posibilidad de que las Administraciones autonómicas renegocien con las grandes empresas hidroeléctricas los términos y los plazos de determinadas concesiones sobre sus recursos naturales.