Entrevista | José Félix Gálvez El especialista en tributación asegura que, para perseguir el fraude fiscal, es necesario disponer de recursos suficientes, además de diseñar planes específicos
23 jul 2005 . Actualizado a las 07:00 h.?osé Félix Gálvez, socio de Landwell-PriceWaterHouseCoopers, ha participado en varios trabajos de investigación relacionados con el impacto del impuesto de sucesiones y donaciones en la empresa familiar. Esta semana intervino en un curso de finanzas y banca organizado por el Banco Etcheverría y por el máster de Gestión de Carteras de la Universidade da Coruña. -Que las comunidades puedan reducir sus impuestos, ¿provoca movilidad de las personas? -Sí. La competencia fiscal entre las autonomías desplaza a las personas físicas. Es un hecho. Hay un efecto desplazamiento. La competencia tributaria se constanta principalmente en los impuestos sobre patrimonio y sobre sucesiones y donaciones. Ahí la dispersión normativa empieza tener cierta importancia. En función del futuro modelo de financiación y de los nuevos estatutos de las autonomías, habrá que observar cuál será la evolución de este fenómeno. -El plan antifraude que ha puesto en marcha Hacienda este año, ¿pondrá fin a la evasión fiscal? -Los planes antifraude están bien en la medida en que sirven como mecanismo para la prevención de la evasión fiscal, pero soy un poco escéptico con respecto a su éxito y a su efectividad. No es cuestión sólo de hacer planes, sino de recursos. Además, el resultado final de esos programas debe materializarse en liquidaciones tributarias y eso no siempre es así. -¿Qué opina sobre el debate abierto respecto a quién debe de inspeccionar las sicav, las sociedades de inversión de «ricos», que tributan al 1%? -Lo que no dejó de sorprenderme en su momento fue que unas instituciones de inversión colectiva que estaban cumpliendo con la legalidad vigente fueran a entrar en discusión sobre quién las tenía que investigar. Básicamente los argumentos son de cumplimiento y de competencia. Parece que, con el nuevo reglamento de fondo, quedará claro que la competente para valorar si una entidad está dentro de la norma es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Teniendo que ser la inspección de Hacienda la que consulte a ésta si existe algún tipo de irregularidad. -¿El sector de la auditoría ha superado crisis anteriores provocadas por escándalos como el de la auditoría Andersen en el caso Enron? -Sí, ha crecido y se ha superado. Efectivamente la crisis de Enron afectó de forma importante al sector, básicamente en términos de pérdida de confianza en el sistema. Por suerte, en los últimos años, se ha producido una inversión. La auditoría goza de buena salud y, sobre todo, ha recuperado la confianza de los inversores en el mundo empresarial. Gracias a las medidas que se adoptaron, incluidas internas, se ha podido superar esa situación con creces. -¿Considera necesaria una armonización europea en cuanto a la imposición sobre sociedades? -Soy un firme defensor de la armonización tributaria en materia de sociedades en el seno de la UE, aunque en los tiempos que estamos viviendo la veo lejos, pero tendría grandes ventajas. Sería un estadio que nos pondría muy cerca de ser un modelo de UE con mayúsculas. Permitiría que la movilidad de empresas dentro de la UE no estuviera condicionada de forma directa por la fiscalidad. -¿Cuál es la situación de España con respecto al resto de países miembros? -Mientras no exista una armonización potente en la imposición sobre sociedades no es un problema de países. No se puede decir que un país sea más distante que otro, porque no hay un modelo del que distanciarse. Eso se producirá cuando tengamos un modelo razonablemente unificado en la imposición sobre los beneficios, pero hoy no lo tenemos. Lo tenemos en cuanto a fusiones, en intereses y dividendos, pero estamos muy lejos de un sistema homologable y armonizado de imposición sobre beneficios empresariales.