Los inspectores de Hacienda denunciaron ayer una posible «amnistía fiscal», amparada por el Parlamento, a las grandes fortunas del país que, gracias a la canalización de sus ahorros a través de sociedades de inversión colectiva (SICAV), tributan a un tipo del 1% frente al 35% general. Si no hay cambios de última hora, el Congreso de los Diputados aprobará mañana una reforma legal que suavizará el control a este tipo de firmas que, en opinión de los inspectores, incumplen la normativa vigente en un 80% de los casos, por lo que se han abierto más de 300 expedientes. El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, declaró que la Cámara Baja va a utilizar la puerta de atrás para establecer una especie de «perdón fiscal» a las SICAV, cuya función original consideran que «se ha desvirtuado totalmente». La primera «barbaridad» que ven en los cambios legales que se pretenden introducir es que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y no la Agencia Tributaria -como ocurre hasta ahora- la que determine si esas sociedades cumplen o no las reglas, único punto en el que están de acuerdo PSOE y PP.? Uno de los principales requisitos que deben cumplir es que tengan, al menos, cien accionistas, pero esto no se da en muchos casos, o bien se usan nombres ficticios u hombres de paja . Los inspectores sostienen que, en vez de repartir el patrimonio de cada SICAV entre sus distintos socios, en realidad se ocultan en ellas las inversiones de una sola o unas pocas fortunas. Elevado volumen Esto explicaría, a su juicio, el «importante» volumen de dinero que mueven estas sociedades, que hace apenas un año superaba los 24.300 millones de euros (con unas 3.000 firmas registradas) y ofrecían unas ganancias superiores a los 1.200 millones.? La gran ventaja de estas entidades, que en teoría deben atraer el ahorro nacional y extranjero y evitar su fuga a otros países europeos (sobre todo, Luxemburgo y Austria), es que pueden tributar a un tipo especial del 1%, 34 veces menos de lo que les correspondería por el impuesto de sociedades. Este último es el que se les aplica cuando incumplen algunos de los requisitos que se les exigen, y dejan de ser consideradas como SICAV. CiU pretende que la retirada de esa condición no sea automática, una vez conocidas las irregularidades, y que se espere al acuerdo administrativo de revocación, que puede demorarse hasta el siguiente ejercicio fiscal. Los nacionalistas catalanes, apoyados en principio por PP, ERC y PNV -los que les daría una mayoría suficiente en el Congreso- pretenden también que la aplicación del tipo normal del 35% a las entidades que dejen de ser SICAV sólo se haga desde el período impositivo de 1998 hasta hoy, y no desde el momento de creación de la misma, como quiere Hacienda.? Rechazo El Gobierno estima «inasumible» este criterio de «retroactividad», y por eso votará en contra de la propuesta de CiU salvo que acepte modificar ese extremo. El propio vicepresidente económico, Pedro Solbes, insistió ayer en que la enmienda de CiU «no es coherente», al intentar cambiar los cómputos legales establecidos para los incumplimientos fiscales.