Una juez de Santiago embarga cuentas de Cajamadrid en el Banco de España

M.ª Carmen González Castro
M.ª C. González REDACCIÓN

ECONOMÍA

Levanta las medidas que pesaban sobre dos oficinas de la caja de ahorros Ejecuta una sentencia que inicialmente condenaba a la entidad a pagar 258.000 euros

14 oct 2004 . Actualizado a las 07:00 h.

?l juzgado de primera instancia número uno de Santiago de Compostela ha declarado el embargo de las cuentas y depósitos de Cajamadrid en el Banco de España para cubrir una cantidad que ronda los 366.000 euros. Esta situación se produce como consecuencia de la ejecución provisional de una sentencia, de mayo de este año, que condenaba a la caja a indemnizar a un cliente con 192.000 euros por incumplimiento de un contrato, y con otros 66.000 euros por los daños físicos y morales. A principios de julio, el demandante reclamó la ejecución provisional de la citada sentencia y señaló para embargo dos oficinas de Cajamadrid en Santiago (ubicadas en la calle del Hórreo 9-11 y en el polígono de Fontiñas). Sin embargo, tras el escrito de oposición presentado por la entidad financiera, la juez (que amplió en 85.000 euros el aval exigido a la caja) pidió al demandante que fijase otros bienes. Así, el juzgado ha comunicado a la delegación del Banco de España en Santiago que «se ha decretado el embargo sobre los depósitos bancarios y los saldos favorables» de Cajamadrid en el Banco de España para cubrir el importe de las responsabilidades reclamadas: 192.612,12 de principal, 22.805,81 euros de intereses legales, 66.759,65 por daños psíquicos y morales, más 84.653,27 euros para intereses y costas de ejecución. La juez ordena que esa cantidades sean retenidas e ingresadas en la cuenta del juzgado. Un portavoz de Cajamadrid explicó ayer que la entidad depositará el dinero que se le reclama y que agotará todos los recursos legales a su alcance en este proceso judicial. Los hechos Los hechos a los que se refiere la sentencia de mayo, y que ahora se ejecuta, se remontan a 1994 cuando Octavio Prados y la firma Segsansur -ahora representados en la causa por Antonio Neira Domínguez- solicitaron por escrito un préstamo a Cajamadrid por 125 millones de pesetas para cancelar deudas vencidas de dos grupos familiares (Segsansur y Autocares Prados) y una hipoteca con Caja Rural, y para concluir la construcción de una estación de servicio en la carretera de Andalucía. Cuando finalmente se concretó el préstamo, la cantidad concedida fue de 109 millones y, según sostuvo el demandante, se acordó limitar el destino de los fondos a las deudas de Segsansur, a la hipoteca de Caja Rural y a terminar la gasolinera. Sin embargo, Cajamadrid canceló también las deudas de Autocares Prados (192.000 euros, 32 millones de pesetas), con lo que quedaron únicamente 524.000 pesetas para concluir la estación de servicio. La juez entendió que Cajamadrid actuó de forma «negligente» porque «con una absoluta falta de diligencia ha prescindido de la verdadera finalidad a la que debería ser destinado el importe del préstamo, cual era la de ultimar la construcción y equipamiento de la nave industrial». En consecuencia, condenó a la entidad a pagar 192.000 euros, más 66.000 en concepto de daños morales. Ahora, acuerda seguir con el procedimiento de apremio y declara el embargo de las cuentas en el Banco de España. Los depósitos que las entidades tienen en el organismo emisor son, fundamentalmente, de tres tipos: en concepto de garantía para operaciones en el mercado interbancario; reservas mínimas legales, y las cuentas de efectivo, tanto en la central como en las sucursales regionales, para dotar de billetes y monedas a sus oficinas.