Considera que incumplió un contrato con un cliente al modificar el destino de un préstamo Ejecuta provisionalmente una sentencia que obliga a la caja a pagar 258.000 euros
19 jul 2004 . Actualizado a las 07:00 h.?l juzgado de primera instancia número uno de Santiago ha declarado el embargo de dos oficinas de Cajamadrid en la ciudad compostelana como consecuencia de la ejecución provisional de una sentencia que condenaba a la entidad financiera a pagar 192.000 euros más intereses por incumplir un contrato con un cliente, y otros 66.000 por los daños psíquicos y morales ocasionados. Aunque las partes han presentado recursos de apelación a la sentencia inicial, la juez indicaque ésta «es susceptible de ser ejecutada provisionalmente». La resolución que declara el embargo «es firme y contra la misma no cabe recurso» pero la caja ha presentado un escrito de oposición a las medidas ejecutivas concretas. Los locales sobre los que recae el embargo son la oficina ubicada en la calle del Hórreo 9-11 y la del polígono de Fontiñas. Los hechos a los que se refiere la sentencia ocurieron en Madrid en 1994. Según la misma, Octavio Prados y la firma Segsansur dirigieron una carta a Cajamadrid el 25 de abril solicitando un préstamo por 125 millones de las antiguas pesetas (unos 750.000 euros) para sanear sus cuentas -cancelar deudas vencidas de dos grupos familiares (Segsansur y Autocares Prados) y una hipoteca de Caja Rural de Toledo- y finalizar una estación de servicio que la sociedad estaba construyendo en la carretera de Andalucía. Sin embargo, el demandante sostiene que la solicitud definitiva de préstamo, hecha en junio, y la escritura de la hipoteca establecían que el dinero, aparte de cancelar la hipoteca de la Caja Rural y terminar la gasolinera, debía limitarse a saldar sólo las deudas de Segsansur. Un importe menor Finalmente, la entidad concedió 109 millones pero destinó los fondos a cancelar las cargas de las dos sociedades familiares (destinó 32 millones, unos 192.000 euros, a Autocares Prados), dejando un saldo de 524.000 pesetas para poner en marcha la estación de servicio. La juez entiende que la entidad actuó de una forma «negligente» y que «con una absoluta falta de diligencia ha prescindido de la verdadera finalidad a la que debería ser destinado el importe del préstamo, cual era la de ultimar la construcción y equipamiento de la nave industria (la gasolinera)». Añade que su conduca es «reprochable». Frente al argumento esgrimido por Cajamadrid, en el sentido de haber dado estricto cumplimiento a la misiva de abril de 1994, la juez entiende que el contenido de la misma «ha quedado sin virtualidad alguna desde el momento en que la propia demandada no aceptó el importe de la solicitud». Por ello, la juez condena a Cajamadrid a pagar más de 258.000 euros más intereses. Al no haber abonado esta cantidad, la juez ha declarado el embargo de ?las dos oficinas. Ambas partes han presentado recurso de apelación. Segsansur considera que los daños que se le causaron fueron muy superiores (todos los bienes de Prados fueron embargados, incluida el área de servicio). Cajamadrid, por su parte, entiende que no hay pruebas que indiquen que se modificasen las instrucciones del cliente, y que Segsansur y Autocares Prados funcionaban como un único grupo familiar.