Familia exige ahora original o copia compulsada de todas las facturas de pago del seminario Este año también suprimió el apartado que permitía un 10% de gastos de difícil justificación
17 oct 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El escándalo de la CEG, avalado por las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, ha llevado a la Xunta a introducir cambios en la normativa que regula los cursos de formación del denominado Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP). Un programa por el que la Administración autonómica le reclama a la patronal gallega 559.000 euros en virtud de un presunto fraude cometido en la etapa de gestión de Antonio Ramilo. Las modificaciones las introdujo Familia para los cursos del 2002, tal y como revelan las bases del plan FIP, publicadas en Diario Oficial de Galicia el 30 de noviembre del 2001. La Xunta también incluye aquí la obligatoriedad de que el beneficiario del fondo público presente una relación de facturas, pero a diferencia de la normativa del ejercicio anterior, agrega otro requerimiento: que el perceptor de la subvención entregue a la Xunta original o fotocopia compulsada de todos los recibos, nóminas o justificantes de pago de todos los gastos imputables al curso. Transparencia A esta modificación, se añade otra: Familia elimina ahora un concepto denominado gastos de difícil justificación, con el que el beneficiario de la ayuda quedaba eximido de acreditar hasta un 10% del gasto de una parte del curso. Una cantidad que, por seminario, nunca podía exceder de 3.000 euros. Precisamente, este concepto es el que ha desatado críticas del Tribunal de Cuentas a la Administración autonómica por fomentar la falta de transparencia. En su último informe, el organismo fiscalizador invitaba a la Xunta a modificar este apartado y constataba, a efectos de un posible reintegro, que la Confederación de Empresarios de A Coruña tenía 126.212 euros sin justificar. Fuentes de la patronal coruñesa insistieron ayer en que ya se hicieron las alegaciones oportunas al informe del Tribunal de Cuentas y que, en relación a este hecho, siempre actuaron con criterio a la normativa autonómica vigente entonces, «por lo que nunca puede hablarse de un fraude, término que no emplea en ningún momento el organismo fiscalizador». El BNG, además, exigió ayer al Gobierno que investigue la presunta comisión de delito por parte de las entidades que, como la CEG, desviaron los fondos de formación del Forcem. Investigación a gran escala La jueza de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha iniciado una investigación al tener indicios de que hay 36.000 empresas que recibieron fondos de formación en 2001 y que no existían. La hipótesis judicial se desprende de las pesquisas realizadas hasta ahora por la Brigada de Policía Judicial de Delitos Económicos. Sólo en el 2001, la UE subvencionó en España 159.000 cursos