La fianza servirá para paliar los posibles daños causados a la empresa y trabajadores El juez Baltasar Garzón ha exigido una fianza de 13.100 millones de pesetas a los seis ex-directivos de Sintel, imputados por presunto delito de insolvencia punible durante su gestión de la empresa. El dinero se requiere por responsabilidad civil y para paliar los posibles daños causados a la empresa y trabajadores.
27 jul 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Según la querella presentada el pasado 20 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra los presuntos responsables de la descapitalización de Sintel, antigua filial de Telefónica, el fiscal acusa de este delito a dos hijos del empresario cubano-estadounidense Jorge Mas Canosa, Jorge y Juan Carlos Mas Santos. El auto también imputa a Juan Antonio Casanova, Ricardo Campos, Juan Miguel Antoñanzas -actual presidente de Uralita- y a Pedro Novela Berlín, quienes fueron consejeros delegados de Sintel entre 1997 y 2000. En caso de que los imputados no abonen la fianza, responderán como responsables civiles subsidiarios las sociedades Mastec Inc., Artcom Technologies corp., y Sintel Internacional corp., así como los titulares de sus acciones. El auto dicta el embargo de los créditos concedidos a las filiales de Sintel con la garantía de la empresa por 5.000 millones, y pide a todas las entidades bancarias que hayan mediado en operaciones efectuadas con Sintel que aporten la documentación necesaria sobre esos movimientos. Según el auto, Sintel tenía una «significativa actividad» en el sector de las telecomunicaciones hasta que en abril de 1996 fue vendida (el 100% de las acciones pertenecían a Telefónica) a la sociedad Mastec Internacional, filial del grupo Mastec, propiedad de Jorge Mas Canosa, por 4.900 millones. La narración de los hechos que motivaron la querella señala que Mastec incumplió el pago de la compra a Telefónica, lo que originó «la descapitalización de Sintel», dado que en 1998 aún adeudaba 3.551 millones. Telefónica y Mastec acordaron entonces, «conscientes del grave perjuicio que generan a Sintel», que ésta se convirtiera en «fiador solidario» de Mastec como garantía de su propia venta. Así, hasta 1999, Sintel desembolsó 1.973 millones como pago de la deuda de Mastec a Telefónica y en enero de 2000 Sintel volvió a afrontar la deuda con el pago de otros 457 millones, con lo que, hasta ese momento, Sintel había asumido ya 2.430 millones de la deuda de Mastec con la operadora. Según Garzón, los gestores no pretendían «impulsar la actividad industrial de Sintel, sino hacer de ella un instrumento al servicio de sus intereses particulares y con menosprecio absoluto para trabajadores y acreedores».