El Supremo inadmite el recurso de un silledense que abusó de su hijastro de los 4 a los 13 años

La Voz

SILLEDA

CAPOTILLO

El hombre fue condenado a 15 años de prisión y pretendía rebajar la pena aprovechando la ley del «solo sí es sí»

17 jun 2024 . Actualizado a las 12:35 h.

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por un vecino de Silleda contra la sentencia que lo condenó a 15 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a su hijastro cuando este era menor de edad.

Los hechos se remontan al período comprendido entre los años 1995 y 2005, es decir, cuando la víctima tenía entre 4 y 13 años. El niño vivía con su madre, con su padrastro —que lo reconoció y le dio sus apellidos— y con otra hija de este menor de edad. Según los hechos probados, desde que el menor cumplió los 4 años hasta los 13 el padrastro sometió al niño a una serie de prácticas sexuales a las que no podía negarse debido a su corta edad y al temor que sentía. El padrastro no solo abusaba sexualmente del menor, sino que también lo sometió a malos tratos de carácter físico de tal entidad que en abril del 2008 fue condenado por la comisión de un delito de malos tratos y un delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia doméstica por el que el Juzgado de lo Penal Número 2 de Pontevedra le impuso las penas de 24 meses de prisión y tres años de privación de la patria potestad. Esta sentencia fue la culminación de la denuncia interpuesta en el año 2005, que fue la que motivó que el niño abandonase el domicilio familiar en abril del 2005, a la edad de 13 años, para ingresar en un hogar de acogida primero y para trasladarse a vivir luego con su tío en régimen de acogimiento familiar.

El agredido no llegó a denunciar los abusos sexuales de los que fue víctima hasta el año 2015, cuando tenía 24 años y residía en la ciudad de Barcelona, donde acudió a una comisaría de los Mossos D’ Esquadra e interpuso la denuncia contra su padrastro por estos hechos. La causa fue remitida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lalín. Posteriormente, ratificó su denuncia ante el Juzgado de Instrucción Número 16 de Barcelona en noviembre del 2016 y solicitó letrado y procurador de oficio para ejercer la acusación particular contra su padrastro. Los informes médico-forense y psicológico determinaron que el relato de los hechos era creíble y que a raíz de los abusos padecidos el joven presentaba secuelas psicológicas coherentes con lo sucedido. Por esta razón el silledense fue condenado a 15 años de prisión y se le impuso una orden de alejamiento y comunicación con la víctima durante 20 años, así como una indemnización de 60.000 euros. El juez lo consideró autor de un delito continuado de agresión sexual aprovechándose de una relación de parentesco en un menor muy vulnerable.

Revisión de pena denegada

Posteriormente, el condenado recurrió el fallo, pero la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó un auto en mayo del 2023 acordando no revisar la sentencia del 2018 y mantener la pena impuesta. El condenado apeló al TSXG, pero el recurso fue desestimado en diciembre del año pasado. Finalmente, el silledense formuló un recurso de casación ante el Tribunal Supremo pidiendo la revisión de la sentencia al amparo de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LO 10/2022), la polémica norma popularmente conocida como Ley del «solo sí es sí», pero tampoco logró rebajar la pena.

«La elección de una pena dentro de la horquilla legal corresponde a la Audiencia»

Al tiempo que inadmite el recurso, el Supremo recuerda que el juez impuso en primera instancia la pena máxima de prisión al condenado —15 años— y la audiencia denegó la revisión de la pena por la naturaleza de los hechos y la frecuencia y duración de los ataques. El Supremo subraya que no procede la revisión de la condena porque la pena impuesta «se encuentra plenamente justificada a la vista no solo de las circunstancias concurrentes sino de la motivación expuesta por la sentencia de instancia». «Resulta, asimismo, proporcionada dada la gravedad de los hechos que se describen en el relato histórico».

El Supremo hace notar, además, que «la individualización de la pena corresponde al tribunal de instancia, que ha de ajustarse a los criterios legalmente establecidos, de forma que en el marco de la casación la cuestión de la cantidad de pena solo puede ser planteada cuando haya recurrido a fines de la pena inadmisibles, haya tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria». Y no es el caso. «En la elección de una pena concreta dentro de la horquilla legal, la decisión corresponde a la Audiencia», aclara el Tribunal Supremo antes de inadmitir el recurso.