Resaltan que llegado el caso el Fogasa solo cubría cuatro meses de salario
10 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El secretario comarcal de la CIG, Antón Álvarez Merayo, consideraba ayer que el inicio de la fase de liquidación de la empresa Explotación Minera Campomarzo SA les viene dando la razón en sus predicciones y que «isto é a crónica dunha morte anunciada». Pide que el proceso de liquidación «vaia o máis rápido posible» pero reconoce que por muy rápido que vaya, llevará su tiempo y supondrá una nueva dilatación en el tiempo de cobro de los trabajadores a los que se les adeudan sus salarios, en algunos casos desde hace muchos años y que aún no cobraron.
Al mismo tiempo que el auto que abre la fase de liquidación, el Juzgado del Mercantil número 2 de Pontevedra ordenaba la extinción de los contratos de la plantilla, a excepción de dos que tendrán que esperar un poco más. A algunos de ellos la empresa les debe más de dos años de trabajo.
Álvarez Merayo destaca la importancia de la concesión minera que cuenta con material de mucha calidad, entre ellos la dunita y achaca la situación a «unha xestión nefasta da que pagaron o pato os traballadores».
Señala que «todo o que pasou nos da a razón, nos tiñamos claro que o adiamento era para gañar tempo» y critica la actuación en los últimos años, apuntando que «sabíamos que a empresa non se sostiña e era unha trampa para salvar os mobles do principal accionista».
Critica que se penalizó la situación de los trabajadores que tuvieron paralizada su situación y no pudieron contar con los ingresos o las prestaciones a las que hubieran tenido derecho y que pudieron cobrar mientras buscaban otro empleo, en vez de seguir atados a la empresa sin cobrar.
Considera la situación un desastre a nivel social y destaca que los trabajadores aún tendrán que seguir esperando para ver si finalmente pueden recibir los salarios que les deben con cargo a los créditos contra la masa o, por el contrario, si el dinero no alcanza, recurrir al Fogasa. Una última opción que también tardaría. En este caso, Merayo, recuerda que el Fogasa solo cubre los salarios de cuatro meses.
Se queja de que «a Xustiza cando é lenta non é Xustiza» y destaca que el proceso de liquidación puede llevar años como ocurrió con los efectuados en otras empresas de la zona. Espera que en este caso sea mucho más rápido, subrayando el gran interés que, cree, debería generar la cantera de áridos entre potenciales compradores.
De una facturación anual de más de un millón de euros a muchos números rojos
En el auto del Juzgado en el que se ordena la extinción de los contratos, la magistrada recoge los que en el 2012 la cifra de negocio de la firma, ubicada en Silleda, era de 1.102.757 euros, En el 2015 fue, dice, de 418.617 euros. Explica que el resultado del ejercicio de ese año fue ya negativo y ascendió a -602.214,69 euros, mientras que en el ejercicio 2014 fue de -163.792,07 euros y en el del año 2013 fe de -515.062,01 euros.
La magistrada explicaba que., en base a los informes presentados, la empresa no generaba ingresos suficientes para cubrir los gastos de la masa que se estaban generando durante la tramitación del concurso. Cifraba en 103.480 euros las ventas generadas de enero hasta junio, mientras que los créditos contra la masa superaban los 188.000. Debe más de 150.000 euros a la plantilla, una cifra a la que había que sumar 105.393,19 euros por cuotas y demás conceptos de recaudación conjunta de la Tesorería General de la Seguridad Social en el período de septiembre del 2013 al mismo mes del 2017.