La empresa continúa en activo y se calcula su patrimonio neto en 13,6
29 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La empresa Campomarzo, con sede social en el municipio de Silleda, solicitaba en el mes de noviembre del pasado año la declaración de concurso voluntario. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra acaba de trasladar a las partes el informe de los textos definitivos elaborados por la administración concursal y en los que se recogen la deuda y los activos de la firma.
Se cifra en 29.017.604 euros el montante de la deuda, una cantidad a la que se añaden otros pagos pendientes que formarían parte de los créditos contra la masa y que ascienden a 200.398,59 euros, lo que suma 29.218.003,18 euros. Dentro de ese reconocimiento de deuda se incluyen 13.198.301,26 euros de acreedores con un privilegio especial. Forman parte de esa relación 12.920.368,49 euros de deuda financiera con diferentes entidades bancarias con los que la empresa Campomarzo suscribió hipotecas o créditos.
La firma dezana tiene reconocida una deuda de 6,1 millones de euros con el Banco Popular, y 5,8 millones de euros con Abanca. Son el grueso, mientras que el resto se lo reparten el Banco de Sabadell y Novo Banco, incluyendo una pequeña cantidad, 105,18 euros adeudado al ORAL de la Diputación de Pontevedra. A estos acreedores bancarios se sumarían los algo más de 277.000 euros reconocidos como deuda a Asvetrans y que también se incluyen dentro de la lista de acreedores con privilegio especial.
A estas cantidades hay que añadir 575.733 euros que computan como deudas reclamadas por los acreedores con privilegio general y entre los que se encuentran reclamaciones laborales presentadas por dieciocho personas que suman la demanda de 261.396,78 euros.
Además se añaden las deudas que demandan tres acreedores públicos que son, por un lado el Concello de Silleda, que reclama 135.058,97 euros; la Agencia Tributaria que tiene pendiente el pago de una cantidad similar a la del Concello de Silleda, 134.660,48 euros; y el ORAL, con algo más de 40.000 euros de reclamación. La relación la completan otros dos acreedores con cantidades pequeñas. A modo de anécdtoa, una de ellas son los 15,35 euros que reclama Augas de Galicia.
Dentro del capítulo de deudas habría que sumar también los créditos ordinarios que suman 7,9 millones de euros y los 7,3 millones de euros de créditos subordinados. En la relación de créditos contra la masa, que suma una deuda pendiente de algo más de 200.000 euros, se incluye el pago de mensualidades de salarios y alguna paga extra a diferentes trabajadores.
En estos momentos al parecer la firma continúa con actividad y con unos cuatro trabajadores en plantilla. En el informe que el juzgado pontevedrés recibió de la administración concursal se cifraba, a fecha de mediados de este mes, en 13.592.891 euros el patrimonio neto de la sociedad.
Un inventario de masa activa por valor de más de 42,8 millones
En los textos definitivos del concurso de acreedores de Campomarzo que obran en poder del Juzgado se recoge también la situación patrimonial de la empresa. Según esa documentación, se cifra en 42.810.895,15 euros el total del inventario de la masa activa de la compañía.
El grueso de esos bienes serían las concesiones mineras, que supondrían 39.580.601 euros. Una cantidad a la que habría que sumar 1,2 millones de euros en bienes inmuebles. De estos serían cerca de 450.000 euros en bienes registrados y algo más de 838.000 euros de bienes no registrados.
Antes de la entrada en concurso, la empresa, del grupo Indeza, llevó a cabo varios Expedientes de Regulación de Empleo y se enfrentó también a una denuncia ante la Xunta de la Asociación Profesional de Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición de Galicia.
Reclamaciones salariales de la plantilla de la empresa
A finales del pasado mes de diciembre, la CIG se mostraba preocupada por las cantidades que la empresa Campomarzo debía aún a sus trabajadores. Unos pagos que, consideraba, iban a ser más difíciles una vez que la firma entró en concurso.
El secretario de la Intersindical en la zona, Antón Álvarez Merayo, recordaba que la deuda estaba reconocida y amparada por una sentencia firme del Juzgado de lo Social. Ante la demora de los pagos fijados en la sentencia, el Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra ordenaba en octubre del 2015 el embargo de cantidades que aparecieran en las cuentas bancarias de la empresa y el precintando de varios vehículos. El litigio laboral con la firma se prolongaba ya en esa fecha durante cinco años.
En diciembre del 2016, la CIG se quejaba de que cuando la empresa Explotación Minera de Campomarzo S. A. se declaró en concurso, el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra paralizó la subasta y retiró el precinto, aunque mantenía el embargo. En ese momento junto al secretario comarcal de la Intersindical Galega comparecían dos trabajadores que continúan figurando en la última y definitiva lista de acreedores.