Los brigadistas de tres meses piden una solución para la desprotección social que sufren

Su tipo de contrato limita su acceso a distintas prestaciones


Lalín / La Voz

El personal fijo discontinuo con contratos de tres meses que trabaja en el servicio de incendios de la Xunta se unió para hacer frente a los problemas que sufren, derivados en parte del tipo de contrato. El pasado día 5 constituyeron en Silleda la Asociación de trabajadores de incendios forestais de Galicia con contratos de tres meses (Atrifoga). Antes de eso en septiembre mantuvieron un encuentro en Santiago con la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, para demandar mejoras en sus condiciones de trabajo.

Los puestos que ocupan estos brigadistas, fueron creados en julio del 2012. Una resolución del Consello de la Xunta aprobaba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Se crearon 436 plazas, 24 de ellas en el Distrito XVI que abarca Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Entre ellos hay conductores de motobomba, emisoristas, vigilantes fijos, ingenieros técnicos forestales en brigadas helitransportadas, técnico superior de bomberos forestales de las brigadas helitransportadas de las distintas categorías y codificadores de datos.

Son puestos de personal laboral fijo discontinuo de tres meses. Explica su portavoz que «aínda que son prazas que non se atopan consolidadas, están ocupadas de modo interino e non aparecen incluidas no Convenio colectivo para persoal laboral da Xunta». Una circunstancia que se traduce en «inestabilidad e incerteza laboral». No ocurre lo mismo con los fijos discontinuos con contratos de nueve meses.

Los brigadistas con contratos de tres meses recuerdan que por contrato están limitados a trabajar solo en ese espacio temporal, que son los meses de alto riesgo de incendios y están obligados a estar disponibles en esas fechas. Una situación que, apunta su portavoz, hace que se produzcan «situacións de desigualdade e precarización».

Por un lado, apunta, «a desprotección social e a limitación a efectos do dereito ao cobro do subsidio de desemprego non contributivo _axuda familiar_ e para o futuro cobro dunha pensión contributiva». Señala que «porén na Seguridade Social consta que hai un contrato fixo discontinuo de tres meses e isto interrompe o proceso». Eso hace que a numerosos trabajadores la Seguridad Social le requiriere la devolución de los subsidios después de ser concedidos. Tampoco, dicen, podrían solicitar el subsidio para mayores de 45 y 55 años ni acceder al Plan Prepara del Inem. Dado el tipo de contrato en el caso de que un trabajador esté de baja en el momento en el que se tenga que incorporar al servicio, por ejemplo una baja por maternidad, «non posibilitaría a súa alta na Seguridade Social, quedando desprotexida nese eido».

Los contratos comprenden el período de Alto Riesgo de Incendios que incluye los meses de julio, agosto y septiembre.

Imposibilidad de hacer sustituciones por bajas o jubilaciones

Una de las demandas del colectivo es la posibilidad de realizar sustituciones de bajas o jubilaciones, a través de las listas de contratación que regula las contrataciones del personal temporal e interino de la Xunta. Ahora, dicen no pueden hacerlo. Ni tampoco, dicen, pueden cubrir las plazas no vacantes disponibles no solo del servicio de incendios sino de cualquier otro cuerpo de la Administración. A efectos de esta, dicen, «consta que xa ocupamos unha praza». Aunque esta sea, solo de tres meses.

Recuerda el portavoz de Atrifoga que muchos de este personal de incendios lleva desde el año 2000 o incluso desde antes encadenando contratos de tres meses en verano. Son personal, que muchos casos, con una amplia experiencia. Un capital humano que consideran está desaprovechado. Se quejan de la progresiva privatización e disgregación do servicios. Creen que «o lóxico e eficiente sería ter un servizo de incendios único, público, igualitario e profesionalizado, cunhas condicións laborais dignas que non están baseadas na precarización dos seus traballadores e fundado nos principios de igualdade, mérito e capacidade». Este año la Xunta amplió el período de alto riesgo pero no así los contratos de este personal, con las consecuencias que acarreó.

Una de sus demandas es la ampliación de sus contratos a nueve meses, lo que permitiría a la Xunta realizar una política forestal eficaz de prevención. Supondría un incremento del presupuesto de incendios, dicen.

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