Ofelia Rey dice que solo prosperó una de 30 denuncias contra ella y su gobierno

Fijan su juicio por prevaricar con una factura de 3.300 euros para el 24 de julio

Ofelia Rey considera que fue fiscalizada hasta el 99 % y así debería fiscalizarse a todos.
Ofelia Rey considera que fue fiscalizada hasta el 99 % y así debería fiscalizarse a todos.

lalín / la voz

El pasado 21 de enero de este año, tal como publicó ese mes este periódico, desde el juzgado número 2 de Lalín se decretaba la apertura del juicio oral contra la ex alcaldesa de Silleda Ofelia Rey Recimil por prevaricación y contra J.A.P.F. y J.L.R.G. trabajadores de urbanismo por certificación falsa. La Fiscalía pedía ya entonces ocho años de inhabilitación para la ex alcaldesa y un año de suspensión para el arquitecto técnico y el arquitecto municipal (entonces). Faltaba entonces únicamente fijar la fecha de juicio. Se fijó la pasada semana. Será el día 24 de julio en el Juzgado de lo Penal de Pontevedra.

Como se avanzaba entonces, la acusación de prevaricación a Rey es por ordenar por decreto en el 2011 pagar una factura de 3.306 euros levantando un reparo de Intervención porque se adjudicaba a un concejal (Gerardo Lázara). En el caso de los técnicos se les imputa por dar por hechas reparaciones ligados al AVE, posibilitando devolver dos fianzas por más de 300.000 euros..

«Unha denuncia de máis de 30»

La ex alcaldesa silledense a raíz de fijarse la fecha del juicio aseguró ayer que este será «o primeiro xuizo, e que solo é para defenderme de si prevariquei ou non, pagando una factura de plantas que foron servidas para o Concello de Silleda, de 3.300 euros». Destaca que en ningún momento se cuestiona «cuantitativa nin cualitativamente o material mercado senón o feito de facelo a un concelleiro» y recuerda que era concejal de la oposición.

La denuncia había sido interpuesta por la también ex alcaldesa Paula Fernández. En la misma incluía a todo el gobierno y múltiples denuncias más aunque solo prosperó en la Fiscalía la de las plantas y la de los avales.

Ofelia Rey precisa que Paula Fernández Pena puso en el año 2012 «máis de 30 denuncias a miña persona e a 5 concejales máis do meu goberno» y los recuerda: Javier Presas, Javier Cuíña, Alejandro Vidueiros, Concha Vázquez y Eva Lojo, destacando también que «todos eles foron exculpados de calquer delito», dice y recuerda que «en Fiscalía todos fomos imputados e fiscalizados pola nosa xestión».

Afirma Rey que de lo único que tiene que defenderse y de lo que el fiscal decide es «volver a explicar unha vez mais o das ditas plantas». Y reitera que todos los imputados están desimputados. También explica que al juicio Gerardo Lázara (concejal que vendió la flores al Concello) va como testigo, igual que también irá la denunciante, Paula Fernández, y la interventora.

Idea de retirarla de la política

Rey insiste en dejar vías de judicialización nuevas con un refrán: «Din que dunha boda sae outra boda» y deja el deseo de que «dun xuizo sae outro xuizo»: Ya había reiterado, cuando trascendió su imputación y la petición de ocho años de inhabilitación, cuando en enero se anunció que quedaba solo pendiente la fecha de juicio oral que trascendió ahora, que: «estou tranquila, igual que o estiven desde que me denunciou a señora Pena», pero considera «insultante» que presentara la denuncia a través de la abogada municipal de entonces con dinero de los silledenses.

Alude Rey a que el fin de la denuncia era personal con el objeto de que «eu non volvera a política» porque lo único que pide es inhabilitación para cargo público por ocho años, dice.

Ofelia Rey concluye sus declaraciones de ayer criticando a su denunciante y recordando que «estou fiscalizada nun 99 % da miña xestión, igual que os meus compañeiros de goberno» pero creo que «é bo estar fiscalizado pero deberían de estar todos».

Lázara declaró que no le avisó Intervención y que también facturaba Paula Fernández

El entonces edil de la oposición Gerardo Lazara, que fue quien vendió la plantas, cuya factura con reparo ordenó pagar la alcaldesa Ofelia Rey, aseguró en su declaración en el juzgado en 2013 que ni Secretaría ni Intervención le indicaron que como concejal no podía facturar. Desconoce que hubiese algún reparo y que incluso la interventora le facilitó datos. Dice que pidió muchos presupuestos pero solo se produjo esa compra. También apunta que la alcaldesa (referido a Paula Fernández) decía que se reparaba por sistema, y que se conocían reparos con posterioridad a emitir facturas porque de haberlo sabido no hubiese dado presupuesto. Lázara justifica también que (cuando era parte del gobierno) el estudio de arquitectura de la alcaldesa Paula Fernández (matizando que se abstenía en la comisión) facturaba y en los acuerdos estaban Secretaría e Intervención y «lo más lógico es que un concejal de la oposición no tuviese problema».

Los técnicos imputados por falsedad documental vieron desestimados sus argumentos en la Audiencia provincial. Fundamentaban la defensa de su firma de finalización de los trabajos para la devolución de los avales en que la denuncia de un particular de daños no arreglados no correspondía con la UTE con aval si no otra, que la pista ni siquiera estaba en esa zona de trabajo de la UTE y que los camiones que vio la Policía Municipal serían de empresa sin aval. Además cuestionaban que no se comprobasen sus aseveraciones técnicas.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
0 votos

Ofelia Rey dice que solo prosperó una de 30 denuncias contra ella y su gobierno