La Audiencia ha seleccionado a los candidatos a jurado, 184 de Deza y Tabeirós
18 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.En sus manos tendrán el futuro del que se sospecha puede ser el autor del crimen más brutal de los últimos años, el de David Oubel, el parricida de Moraña, pero también el del detenido por el crimen machista de Ponte Sampaio o el del acusado del supuesto asesinato de Ponte Caldelas. La Audiencia de Pontevedra ha seleccionado mediante un sorteo sobre el censo de la provincia la lista de candidatos a jurado para los dos próximos años.
Los seleccionados, que recibirán en breve una carta certificada en sus casas, podrán ser designados durante el 2017 y 2018 para formar parte de los tribunales populares. Las fuentes consultadas precisaron que, durante los primeros quince días de noviembre, estas personas podrán presentar las alegaciones que consideren pertinentes para hacer valer la existencia de algún tipo de incapacidad, incompatibilidad o excusa para ser jurado.
El caso más evidente es el del decano de los abogados de Pontevedra, Ramón Jáudenes López de Castro. La propia Ley del Jurado especifica que no podrán constituir parte de un jurado, entre otros profesionales, «los letrados en activo al servicio de los órganos constitucionales y de las Administraciones Públicas o de cualesquiera tribunales», pero también «los abogados y procuradores en ejercicio». De igual modo, están dispensados «los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal».
La inclusión de una persona en este listado de candidatos no significa que, inevitablemente, vaya a tener que constituir parte de un tribunal. A fin de cuentas, las tres secciones de lo penal de la Audiencia Provincial -dos en Pontevedra y una en Vigo- tendrán que realizar un nuevo sorteo de cada vez que se señale un juicio entre estos 2.500 nombres, 184 de Deza y Tabeirós-Terra de Montes: 58 de A Estrada, 53 de Lalín, 24 de Silleda, 15 de Vila de Cruces, 10 de Forcarei, 8 de Rodeiro y también de Agolada, 5 de Cerdedo y 3 de Dozón. De este modo, saldrán las 36 personas que tendrán que personarse en la sala de vistas el día del juicio para, de este modo, pasar una última criba que determine los nueve jurados -más dos suplentes- que determinarán la culpabilidad o no de los acusados.
Porque, eso sí, entre las funciones encomendadas a los jurados no se encuentra la de condenar o imponer una pena concreta al encausado, sino la de establecer únicamente si existen pruebas que apoyen las tesis sustentadas por las acusaciones en el juicio.
Desde un homicidio hasta la omisión del deber de socorro, pero no los incendios
Asesinatos, tráfico de influencias, cohechos, malversaciones de caudales públicos... Y así hasta once tipos delictivos diferentes. La Ley del Jurado, cuya más reciente modificación entró en vigor en julio del pasado año, delimita claramente los tipos que deben estar bajo la óptica de un tribunal popular. Así, entre otros, se ha establecido que sean los nueve miembros de un jurado los que determinen la culpabilidad o no en muchos casos en los que el banquillo de los acusados aparece ocupado por políticos o, incluso, toda clase de empleados públicos.
No obstante, no siempre un tribunal popular se las verá con uno de estos supuestos o tendrá que concretar si una determinada persona es culpable o no de asesinato. La legislación encuadra dentro de la jurisdicción de los jurados otros delitos que llevan a aparejadas penas muy inferiores a las de un homicidio. Así, algunos tipos de amenazas, los allanamientos de morada o, incluso, la omisión del deber de socorro -principalmente, como consecuencia de accidentes de circulación o atropellos- tienen que pasar bajo el tamiz de un jurado.
Curiosamente, la última reforma de esta legislación que data de 1995 suprimió uno de los delitos que más polémica ha generado en los veinte primeros años de existencia de esta normativa: los incendios forestales. Desde el pasado 1 de julio del 2015, estos procedimientos son competencia exclusiva de tribunales compuestos por magistrados profesionales.
Tres acusaciones por asesinato, en la agenda del 2017
El próximo año está previsto que llegue a la Audiencia de Pontevedra el doble crimen de Moraña. De igual modo, se espera que se señale el juicio por el crimen de Conchi Reguera Peón en Ponte Sampaio, así como el supuesto asesinato de Manuel Ángel Rivas Muíños en su domicilio de Ponte Caldelas.