Se les exige disponer de un centro público y servicio veterinario 24 horas
01 ago 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La Ley de Bienestar Animal entra en vigor el próximo día 29 de septiembre, una vez transcurridos seis meses después de su publicación, el pasado 28 de marzo. En ella se recogen una serie de requerimientos que recaen en los concellos. Algunos, como es el caso de Lalín o Silleda, ya empezaron a estudiar cómo afrontar las exigencias de la nueva ley. Otros, en cambio, aún no se lo plantearon, pero ya se vienen quejando a menudo de la falta de medios para hacer frente a la recogida de animales abandonados, así que seguramente menos aún podrán hacer frente, por ejemplo, a la creación de centros públicos de protección animal por el corte que ello supondría. Eso sin contar los gatos derivados de un servicio veterinario necesario.
En Lalín calculan que necesitarían contratar a unos cuatro veterinarios para poder ofrecer el servicio interrumpido que requiere la ley, además de un supuesto centro climatizado. El departamento de Medio Ambiente municipal ya trasladó al de intervención estas exigencias que se ven muy difíciles sino imposibles de afrontar.
La nueva ley establece que «corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y su alojamiento en un centro de protección animal». Para ello, añade literalmente la ley, «deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las 24 horas del día». Esta gestión, se indica, «podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, sin perjuicio de que, siempre que sea posible, se realice en colaboración con entidades de protección animal».
Estas responsabilidades «en los términos que establezca la legislación autonómica» podrá derivarse en agrupaciones de municipios o en las diputaciones. Y es en esta institución en la que, creen en muchos concellos, acabará recayendo este servicio.
Entre los que opina así se encuentra el de Silleda. La teniente alcalde, Mónica González, considera que los concellos tienen medios para seguir asumiendo cargas y que parte de las exigencias de esta nueva ley son inasumibles, por el coste que suponen, para un concello pequeño.
Recuerda la existencia del centro CAAN de la Diputación, que se encarga de la recogida de los animales abandonados y que supone ya un desembolso a los concellos, que pagan por este servicio. En la categoría de animales domésticos, la ley recoge, los gatos, perros y hurones, que serían básicamente los que deberían ser recogidos si se encuentran abandonados o perdidos. Estos centros públicos de protección animal que recoge la ley están obligados, tratándose de perros, gatos y hurones, a esterilizar al animal con carácter previo a su entrega en adopción.
En A Estrada, al igual que en Lalín, el Concello no dispone de ningún tipo de instalación para la recogida de animales abandonados. Al ser los municipios de mayor población y de mayor extensión, los problemas se multiplican y son numerosos los perros que acaban siendo recogidos por CAAN, la perrera de la Diputación de Pontevedra.
El proyecto de una perrera comarcal que no fraguó por los elevados costes
Los animales abandonados y su recogida fue durante muchos años un quebradero de cabeza para los concellos de la zona. En Lalín se plantearon la posibilidad de construir una perrera municipal y en el 2006 ya se empezó a abordar en el seno de la Mancomunidade de Deza la opción de poner en marcha una de forma mancomunada. Una idea que se acabó desechando por costosa. Más adelante, en el verano del 2008, el Concello de Lalín contrataba a la empresa Casal Dog, de Salceda de Caselas, para que se ocupase de la retirada, sobre todo, de perros abandonados, que era lo que más abundaba.
La puesta en marcha por parte de la Diputación de una perrera solucionó en gran parte los problemas de los concellos de la zona, muchos de los cuales, no disponían hasta entonces de este servicio.