Recabarán apoyos a todos los grupos parlamentarios en Madrid y Santiago, además de activar una recogida de firmas para pedir además reparar el vial
03 mar 2023 . Actualizado a las 22:38 h.La presión para conseguir rebajas en el peaje de la AP-53 entre Santiago y Lalín se pretende elevar en plena precampaña electoral para las municipales. Si en noviembre del 2021 la Xunta abanderaba la reivindicación de alcaldes de concellos afectados por donde discurre la autopista, elaborando un documento sobre impacto económico de la medida y petición —desoída por el Ministerio de Transportes— para aplicarla, ahora se da una vuelta de tuerca para sumar a colectivos que viven en primera persona esas tarifas desmesuradas en la reivindicación. Convocados por el regidor lalinense, José Crespo, mantenían ayer una reunión de trabajo donde se acordaba constituir un grupo de trabajo y una serie de primeras medidas para convencer al Gobierno central de que la AP-53 se equipare a la AP-9.
Un total de 34 entidades de distintas características, desde patronales o federaciones de transporte a asociaciones de taxi o sindicatos, están detrás del consenso alcanzado en Lalín para impulsar las nuevas medidas de presión y lograr al menos que los usuarios habituales de la AP-53 tengan descuentos. El documento de adhesión rubricado por quince de los colectivos —refrendando el acuerdo unánime de la corporación lalinense en pleno del 25 de noviembre del 2022— busca lograr un peaje asumible, además de insistir en que el Gobierno del Estado transfiera la titularidad de esta autopista a la Xunta. Acordaron además remitir a los distintos grupos parlamentarios, tanto en Madrid como en Santiago, las demandas avaladas por el grupo de trabajo e iniciar una recogida de firmas en la zona de influencia de la AP-53 a través de los propios colectivos que suscriben el acuerdo.
En la reunión celebrada ayer en la capital dezana hubo intervenciones del regidor, así como del presidente de la patronal dezana, David Campos, el de Transgacar y secretario general de Fegatramer, Carlos García Cumplido, y el presidente de Fegatramer, Ramón Alonso. Crespo recalcó que con el encuentro se buscaba seguir presionando para lograr bonificaciones en la autopista similares a las de la AP-9 o su traspaso a la Xunta. «Hai camiño andado, posto que hai un requerimento parlamentario que lle pide ao Goberno que aplique este tipo de medidas», apuntó el alcalde. Aludía a una iniciativa parlamentaria del PP que se aprobó hace ya un tiempo con la abstención del PSOE. Crespo reclama que el Ministerio, «goberne quen goberne, tome unha decisión con respecto á AP-53».
El presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED) consideró que «nos atopamos ante unha oportunidade diferente porque todas estas asociacións poden facer a forza necesaria para conseguir o obxectivo da rebaixa ou a bonificación, ou ambas, da transferencia da titularidade ou incluso das dúas». David Campos mostró el apoyo de la AED a todas las reivindicaciones del grupo de trabajo, mostrándose en esa misma línea el presidente de Fegatramer, al considerar vital la reducción del coste de la autopista para un sector que está muy afectado por la crisis de los carburantes.
Carlos García Cumplido, por su parte, destacó el apoyo al documento de adhesión por muchas entidades que no pudieron acudir ayer a Lalín y la relevancia de hacerse eco «desde as nosas asociacións destas xustas demandas». Avanzó su intención de trasladar el acuerdo a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y a las federaciones provinciales para que se puedan sumar a esta reclamación ante el Gobierno central.
Desde el transporte a autónomos, taxis o sindicatos
Entre las 34 entidades que ya mostraron su apoyo a la reclamación de bonificaciones figuran diversas federaciones gallegas de transporte o del taxi, patronales de viajeros o asociaciones empresariales. También federaciones como la del comercio gallego y otras industriales, junto a organizaciones agrarias, autónomos o cooperativas.
Una reivindicación que se remonta más de tres lustros
La demanda de rebajas en una de las autopistas más caras de España, donde además los usuarios pagan un extra hasta Alto de Santo Domingo aunque salgan en Lalín, ya viene de lejos. Hace más de tres lustros que el Parlamento gallego ya había acordado por unanimidad reclamar a la Xunta negociaciones con el entonces Ministerio de Fomento y la concesionaria Acega. Ahora se argumenta la discriminación hacia los usuarios habituales de la AP-53 al ser de las pocas, entre las que no son gratuitas, que no disponen de ninguna reducción de precios. Por ello se plantea copiar el modelo de la AP-9, es decir, que los turismos tengan bonificación del 100 % en el viaje de vuelto dentro de las 24 horas o el 20 % en todos los recorridos si se hacen más de una veintena de desplazamientos al mes por este vial. También un descuento del 20 % para los vehículos pesados, tanto de transporte de viajeros como de mercancías. El coste se cifraba en un estudio de la Xunta de diciembre del 2021 en 3,2 millones de euros al año.