El BNG pide la rescisión del contrato del SAF y que se municipalice

Rocío Perez Ramos
R. Ramos LALÍN / LA VOZ

LALÍN

Rocío Ramos

27 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

El BNG de Lalín denunció ayer el descuelgue del convenio por parte de la empresa que realiza el Servizo de Atención a Domicilio (SAF) y la comunicación por parte de esta adjudicataria al Concello de Lalín, apuntan los nacionalistas, «rexeitando a prórroga do contrato que se aprobou en pleno nos termos da contratación». El portavoz nacionalista, Francisco Vilariño, pide al Concello de Lalín que convoque «de xeito inmediato» la mesa de seguimiento creada en su día y que «se pacte a rescisión de dito servizo» abogando que se decida «non aceptarlle á empresa adxudicataria o máis mínimo chantaxe e non inxectarlle un só euro».

Al mismo tiempo demandan «a municipalización do servizo» que entienden es la única vía posible para «garantir un servizo digno». Cree que el gobierno se equivocó al privatizar la gestión de este servicio defendiendo que «poñer unha millonada en empresas non garante un servizo digno». Consideran que con «estos órdagos» la empresa lo que pretende es «sacar máis rendemento económico».

Aseguran que si se descuelga del convenio, una de las consecuencias podría ser que «non van a estar obrigados algúns acordos» y supondrá, apuntan, «que lle quiten ás traballadoras a suba que lle aplicaron porque era obrigatoria, co cal o convenio xa é de escravitude e así aínda máis». Entienden que de esta manera y empeorando las condiciones, que consideran ya son muy precarias, de las trabajadoras, «é imposible que se preste un bo servizo».

El BNG asegura que no apoya ningún tipo de negociación con la empresa «sen mellorar o servizo e empeorando» y pide que «ningún sexa o tonto útil da empresa». Cifra entre 60 y 70 el número de trabajadoras del SAF y reclama la necesidad de que consigan estabilidad en su trabajo. Apunta «incumprimentos como o pago do quilometraxe» a lo que suman otras condiciones como «a de non cuantificar o traballo entre domicilios». El descuelgue del convenio lo propone el comité de empresa y la comisión paritaria del convenio integrada por patronal, sindicatos e inspección decide. El comité lo preside UGT y el BNG pide a los sindicatos que se pongan del lado de las trabajadoras. Consideran que el Concello es el responsable de esta situación y le pide que se persone alegando contra esta propuesta aunque entienden que el que cuente con el aval del comité de empresa complica la situación.

En cuanto a la comunicación de la empresa de rechazo de la prórroga, Vilariño recuerda que «non ten opción porque o 2+2 era obrigatorio, non así o quinto ano». El acuerdo de prórroga se aprobó en pleno con el voto en contra del BNG. Vilariño mantiene que la postura de su formación es firme y lo seguirá siendo recordando que ya estuvieron en contra de otorgar este contrato «millonario» hasta un máximo de cinco años, el tope que marca la ley «hipotecando a un posible goberno seguinte».

Recuerda que para apelar a la cláusula de descuelgue la empresa que presta el servicio tiene que presentar una merma importante de productividad y considera que el precio «era o suficientemente alto» y avalado por todos los informes técnicos presentados en su día. El contrato fue por 8,7 millones de euros por cinco años, lo que supone 1.664.998 euros al año. Entró en vigor el 16 de diciembre del 2020.

Para el BNG no cabe más opción que le rescisión del contrato y la municipalización del SAF..