El gobierno local asegura que paralizó la opción tras las consultas a los vecinos porque obligaría a adaptarse a la nueva ley, mucho más restrictiva
01 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El grupo de gobierno de Lalín rechazó la moción presentada por el BNG solicitando la realización de un estudio riguroso, transparente y con la participación de los vecinos en las parroquias para revisar cada uno de los núcleos rurales y adaptarlos a la actual necesidad y realidad socioeconómica. El objetivo, apuntaba el portavoz nacionalista, Francisco Vilariño, era dar respuesta a las demandas vecinales propiciando posibles ampliaciones o reducciones de núcleos según el caso.
La moción dio pie a un debate urbanístico en el que salió a colación el PXOM. El BNG abogaba por una modificación participativa del mismo. La socialista María Iglesias se hizo eco de las quejas de vecinos «con fincas partidas nas que unha parte é urbanizable e outra non, para construír, zonas que teñen sumidoiros e tódolos servizos en non se pode edificar e outras que son congostras e si se pode». Fernando Vilariño, de CxL, opinó que «quizás sexa necesario revisar un pouco algunhas parroquias aumentando algo en algunhas e reducindo noutras» señalando que «foi unha pena que a xente non se convencera de que entraran os núcleos urbanos nas concentracións porque as parcelas terían máis beneficios».
La concejala de Urbanismo, Raquel Lorenzo, defendió el PXOM, realizado en 1999 como «un documento vivo» indicando que en estos años los diferentes gobiernos fueron realizando actualizaciones. Recordó que Lalín cuenta con 300 núcleos destacando que la nueva ley es mucho más restrictiva y que un ajuste supondría una reducción de los núcleos que perjudicaría sobre todo a los más pequeños con lo que el objetivo de contar con más terreno para la construcción a fin de fijar población que apuntaba el BNG se circunscribiría a los núcleos más grandes.
Francisco Vilariño recordó a los populares el recorrido que habían hecho por las aldeas pulsando la opinión de los vecinos y realizando en parte ese trabajo de campo que se pedía desde la formación nacionalista preguntando si había sido un paripé y dónde estaba ese estudio.
El alcalde, José Crespo, señaló que ese documento tras la recogida de datos lo había realizado Pepe Iglesias e «cando fixemos a consulta nos dixeron que os núcleos quedarían reducidos». Indicó que con la actual ley es muy difícil hacerle frente a esos posibles cambios y a una revisión argumentando que en el PXOM se puso el tamaño de los núcleos lo más amplios posibles y que ahora, con la ley del 2016 «chapodaría o que xa temos e quedarían sen dous terzos no rural». De ahí que, asegura, «o paramos porque era peor» y pidió a Vilariño que hablara con Javier Bugallo. Antes de eso Lorenzo dijo que para este trabajo se necesitaría «todo un mandato» y Vilariño aseguró que «se gobernamos será unha das primeiras cousas que fagamos». El portavoz nacionalista defendió que «no núcleo rural tradicional e no rural común coas regras de cálculo se adaptaría perfectamente a Lei do Solo» y se podría llevar a cabo facilitando el asentamiento en el rural.
Aprobación en pleno de una prórroga del contrato del SAF
El PP aprobó con el voto en contra del BNG y la abstención de CxL y PSOE prorrogar a la adjudicataria el contrato del SAF por cumplirse el primer año de vigencia. El BNG criticó que el contrato fuese a cinco años indicando «foi unha temeridade ir ao máximo que marca a lei» y adelantó que en el futuro no apoyarían ningún incremento del precio indicando que las condiciones fijadas en el contrato habían sido muy favorables. La teniente alcalde, Paz Pérez, dejó caer la posibilidad de que la adjudicataria pudiera llegar a tener problemas para asumir costes. La socialista Alba Forno y Teresa Varela de CxL echaron en falta informes de los técnicos de Servizos Sociais que podrían añadirse al presentado por el inspector de servicios. Varela preguntó al secretario y este dijo que el informe de este y el técnico de intervención eran suficientes. Crespo dijo que el miedo del gobierno era que la empresa no aceptase la prórroga señalando que el precio de la hora en Lalín está fijado el pago a 18,70 es muy inferior al de otros concellos poniendo como ejemplo el de Carballo donde se acaba de aprobar a 24 euros con un contrato a cuatro años. Varela replicó que en el contrato ya iba la posibilidad de prórroga que la empresa estaba obligada a aceptar siempre y cuando se avisara con dos meses de antelación como es el caso.
Convenio para la Casa de Álvaro y revisión del árbol
El PP aprobó en solitario con la abstención de los grupos de la oposición un expediente relativo a la compra de la Casa de Álvaro. Varela acusó al gobierno de no haber hecho la inscripción registral en el momento del preacuerdo y Crespo señaló que los técnicos dijeron que tenía que ir a pleno. El punto dio pie a un nuevo debate sobre los remanentes y la rehabilitación de la casa. La oposición echó en cara al gobierno comprar sin saber su destino. Crespo aludió al acuerdo con la Xunta y la realización de un convenio considerando que iría ya una partida en los presupuestos de la Xunta del 2023, que quiere que en la inspección del inmueble para el convenio estén técnicos de Patrimonio para analizar las posibilidades. Calcula que si es necesario arreglar el tejado podría costar más de 600.000 euros la reforma «e senón chegaría». Habló también de revisar el árbol de gran tamaño del jardín por si pudiera caer.