Aduce que quedan muchos núcleos de población sin Internet de alta velocidad
18 sep 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno local llevará una moción a debate en el pleno de Lalín del día 25 para instar al Gobierno central a poner en marcha una segunda fase del programa de extensión de banda larga de nueva generación. Entre otros motivos aduce que numerosos núcleos, de los más de trescientos diseminados por el medio centenar de parroquias, se quedan sin ese servicio de Internet de alta velocidad. En la actualidad hay en marcha dos iniciativas para esa prestación a través de fibra óptica, a dos años vista para su implantación. Suman solo 85 lugares, seis incluidos en el plan de la Xunta y 79 en el del Estado.
La elección de esos núcleos fue realizada por el Gobierno central y la empresa concesionaria de los trabajos para extender la red, en concreto Movistar. Lo hicieron, dice la moción del gobierno del PP, «sen realizar ningún tipo de consulta a nivel municipal e sen ter en conta que quedan importantes núcleos de poboación sen o correspondente servizo e atendendo a criterios puramente relacionados coa infraestrutura de servizo e non coa rendibilidade social e de fixación de poboación». De esta forma habrá lugares, «un bo número de eles cunha poboación destacable» sin acceso a Internet de alta velocidad, herramienta que el gobierno local considera crucial en la actualidad. Por ello insta al Estado a diseñar una segunda fase de ese programa de extensión de banca ancha de nueva generación que incluya a los núcleos «que teñan unha masa crítica de veciños mínima» y que quedaron fuera del programa 2020-2022 que está ahora en marcha.
Moción para combatir la ocupación de pisos
El grupo municipal del PP defenderá además una moción en la que insta al Gobierno central y los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a impulsar una iniciativa legislativa en torno a la ocupación de viviendas. Propugnan que se garantice la defensa eficaz y en plazo razonable de los derechos los titulares de esas propiedades. Creen necesario una normativa «antiokupa» refrendada por los grupos parlamentarios para corregir un grave problema social y de convivencia.