El Concello desiste de seguir adelante con el proceso ante el cálculo erróneo del presupuesto necesario, y prevé iniciar otra contratación con los datos ya corregidos
13 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Un recurso especial en materia de contratación contra los pliegos de cláusulas administrativas del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) de Lalín acaba de tumbar la licitación en curso. El recurso fue presentado por la empresa Galáurea, actual prestataria del servicio en el municipio dezano el pasado 19 de enero. Nueve días después, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia requirió al Concello la remisión del expediente de contratación y el informe de Contratación. El 6 de febrero, el citado tribunal notificó al Concello la resolución del recurso especial de Galáurea, estimando parcialmente las alegaciones de al empresa.
El tribunal apreció que «se debería de realizar por el órgano de contratación un nuevo cálculo de los elementos económicos de la licitación teniendo en cuenta el objeto del contrato y las exigencias establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y a la vista de lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, fijar la categoría y el personal necesario para llevar a efecto el contrato para calcular entonces el presupuesto y el valor estimado» de acuerdo con la legislación.
A raíz del varapalo que supuso la resolución del recurso de Galáurea, desde Contratación se emitió informe el pasado lunes en que se aboga por desistir del contrato administrativo del SAF de Lalín, en prestación básica y para personas en situación de dependencia. Lo justifica porque «el cálculo de los elementos económicos de la licitación pueden generar en una correción del precio y por lo tanto no puede ser tratado como una mera corrección de errores o aritmética».
Estimar un precio correcto
Dado que no se presentaron ofertas hasta la fecha, desde Contratación consideran oportuno desistir del procedimiento de adjudicación e «iniciar un nuevo expediente estimando el precio de la manera correcta, con el fin de evitar por razones de urgencia y necesidad que el expediente actual llegue a generar derechos y obligaciones para las partes ?órgano de contratación y licitadores?».
La decisión de desistir se basa, así, «en el cálculo erróneo del presupuesto de licitación, por no fijar las condiciones económicas de la licitación teniendo en cuenta el objeto del contrato y las exigencias establecidas en el pliego de prescripciones técnicas».
La junta de gobierno local aprobó el pasado lunes, basándose en ese informe, desistir del expediente de contratación, publicando el acuerdo en el perfil de Contratación del Estado. También da conocimiento al Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia, e informa del desestimiento de contratación a la Comisión Europea. Además, deberá dar cuenta del acuerdo de la junta de gobierno en el próximo pleno que se celebre, para su ratificación.
Sin ofertas presentadas dentro de un plazo que hubiera finalizado el próximo día 18
Marta Blanco cree lógico que no se presentase ninguna oferta a una licitación que concluía el plazo para hacerlo el próximo día 18, porque el servicio no sería viable con las condiciones recurridas: «Esperemos que los nuevos cálculos sean más ajustados, no se puede asfixiar a las empresas», incidiendo en que debe valorarse el servicio y la viabilidad económica de la empresa que lo asuma.
La administradora única de Galáurea indicó que el pasado año cerraron cuatro empresas del sector, y destacó que en la mayoría de concellos con el servicio en licitación, los concursos han quedado desiertos o han sido denunciados: «Las empresas están hartas de financiar a los ayuntamientos, por lo que se plantean: o es viable, o no voy, no te presentas, porque no lo puedes sostener», expresó.
Satisfacción de la empresa, que critica múltiples errores del pliego
La administradora única de Galáurea, Marta Blanco Marbán, mostraba ayer su satisfacción por la decisión del tribunal ante su recurso, al entender que tal como se planteaba la licitación se haría inviable sostener el servicio. Apuntó múltiples errores, en cuestiones como el cálculo de nóminas, «hechas con tablas salariales del 2018 que actualizaron mal». Añadió que en lugar de hacer los cómputos con los 50 trabajadores actuales, los hicieron con los 38 de hace dos años, indicando que «quien hizo el estudio previo no esperó a recibir la documentación de la empresa, porque está acabado antes de que llegase esa documentación».
Blanco carga contra el valor de las ayudas gratuitas que se exigían, que superan los 150.000 euros anuales indica, como 1.510 horas sin coste, teléfonos para trabajadoras o teleasistencia para todos los usuarios. Sostiene así que el margen empresarial se quedaba en el 3 %, la mitad del margen mínimo que marca la ley.
Más de 8 millones
Por otra parte, la administradora única señala que en el pliego faltaba la actualización del IPC, en un contrato que supera los 8 millones de euros para el período de cinco años de vigencia.