El Concello tiene contratados en este momento el 27,53 % de los fondos europeos
15 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La teniente alcalde, Paz Pérez y la concejala Begoña Blanco, realizaron ayer una valoración del Dusi a 31 de diciembre del 2019, una fecha en la que el ministerio de Hacienda y los responsables de Feder España ponían el control de los fondos europeos. Explicó que a lo largo de estos meses fueron surgiendo cuestiones que modificaron los términos, junto con las dificultades que se encontraron.
Paz Pérez aclaró que en la tramitación de la estrategia Dusi, que no es un documento cerrado, «vimos que cousas que se pediron e se marcaron a principios do 2019 agora puidemos ir comprobando que eran totalmente distintas». Como ejemplo apuntó que en la estrategia se aprobó en marzo, a petición del gobierno anterior, una consignación dedicada a comunicación del 0,3 % de la estrategia, lo que suponía 15.000 euros, «e o resto iría a xestión». La solicitud fue aprobada y se podía prever que sería el importe que iba a ser asignado, pero que en octubre les dijeron que «esa partida de 15.000 había que incrementala á fase 100.000 euros, e o que había antes non valía». Pérez Asorey señala que esa fue una de las dificultades que se encontraron y que es no solo afecta a Lalín sino también a todos los concellos que disponen de estas ayudas.
A 30 de septiembre, apuntó, se estableció por parte del ministerio que la fecha límite para presentar las solicitudes de pago a reembolso en la plataforma Galatea, específica para este programa, tenían que estar subidas a 30 de septiembre las actuaciones del Dusi. Creen que la decisión tenía como objetivo dar tiempo al ministerio de hacer esas valoraciones y las penalizaciones por no llegar al objetivo estarán más encaminadas al ejercicio de la estrategia y no a ese 30 %. Considera que esas penalizaciones serán como medidas que redundarán en los concellos que completaran las estrategias y que podrán recibir antes los fondos y disponer del dinero que otros concellos aún no pudieron por no tener cerrado actuaciones.
Pérez señaló que a 31 de diciembre tienen un 19 % ejecutado y pagado, lo que supone 1,3 millones de euros. El objetivo a principio de año era llegar al 30 % de ejecución y afirma que a 31 de julio «cando arrancamos» había ejecutado 1,90 %, lo que supone 118.489,98 euros, «co que fomos capaces de subir a execución e o pagamento un 18 %» y que a día de hoy está contratado el 27,53 % de los fondos, lo que suponen 1.720.346 euros y que en este momento cuentan con quince operaciones registradas, muchas de ellas antes de acabar el año, algunas incluso en octubre, y que algunas están aún sin validar por lo el Concello no puede contabilizarlas. Y otras que «estaban na estratexia e non foron validadas ou foron rexeitadas» señalando que el gobierno local estaba trabajando para solucionarlo.
De esas quince operaciones, indica, cuatro ya fueron validadas por el organismo intermedio. De tres fue pedida documentación adicional que ya fue remitida y se está a la espera de la respuesta. Pérez Asorey apunta que hay un retraso en la evaluación de las operaciones de la plataforma y que estuvo parada dos meses. Paz Pérez apuntó que «as operacións, aínda que estean executadas e pagadas, ao non estar validadas non valían de nada».
Paz Pérez explicó algunos de los problemas con los que se encontraron y que fueron tratando de solucionar. Recordó que para todas las actuaciones as cuestiones que fueron demorando las tramitaciones, señalando que para todas las actuaciones es imprescindible contar con una serie de permisos sectoriales y que no estaban y «en case todas as actuacións tivemos que solicitar eses permisos sectoriais, que non estaban, e que tivemos que tramitar con urxencia» porque no estaban incluidos en los expedientes. A esto añadió que en el caso de O Rodo en Lalín, estaba previsto contar con unos terrenos de os que aun no se disponía, «polo que houbo que facer toda esa xestión». En las sendas de Goiás se encontraron con la necesidad de realizar prospecciones arqueológicas.
Smart City
De cara al primer semestre de este año explicó que el 22 de enero hay una reunión para abordar ese incremento en comunicación que supondrá, dijo, aminorar un 4 % las líneas de gestión y «esperamos poder facer eses reaxustes e cumprir». Indicó que la labor se centrará en las actuaciones de humanización de Cuíña, las calles Principal y Loriga, el Manuel Rivero y la finalización del plan Smart City junto con la contratación del cinturón verde que supone la inversión de carca de 600.000 euros «empezaremos con Donramiro» definiendo las actuaciones en el castro
Paz Pérez explicó que en estos momentos están tratando de solucionar algunos problemas que surgieron y que por parte del ministerio se les pidió información adicional del Concilia y de las obras del entorno del Manuel Rivero. Proyectos que estaban en ejecución y se les piden dice, que justifiquen que el entorno del Manuel Rivero es un barrio desfavorecido. Recuerda que el proyecto estaba ya en marcha y que están hablando con el ministerio «para que se sitúe no que é Lalín, e que isto non é un barrio de Madrid». Afirma que en la estrategia estaba meridianamente claro y fue aprobado y creen que deberían haberlo pedido cuando se solicitó y no cuanto está hecho. Algo que, afirma, es un problema ajeno al anterior gobierno y al actual y que esperan arreglar y se quejan de los cambios de criterio continuos en Madrid.
Cuestiones a la que sumó la decisión del gobierno local de rehacer algunos proyectos «estaban moi superbaseados no prezo, e queremos facer un equilibrio entre o gasto no rural e no casco, e tivemos que facer reaxustes porque tamén nos parecía que eran proxectos que estaban moi sobrepasados no importe». Como ejemplo puso la avenida Xosé Cuíña, Principal y Loriga y el albergue en el Rivero reduciendo el montante con lo que supone de rehacer y adaptar los proyectos «as posibilidades financeiras do Concello».
Explicó que los correspondientes a Cuíña y Loriga y Principal cada uno superaba el millón de euros y la aportación era inferior al medio millón de euros cada uno y pasaron a rondar cada uno unos 800.000 euros.
Una plataforma que adelantó la justificación y ejecución a 30 de septiembre