Casares explica que la empresa tendrá que demostrar la repercusión negativa en sus cuentas por el alza del salario mínimo, pero abre una vía para la negociación
13 ene 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Lalín estudiará con la empresa Galaurea la actual situación económica del Servizo de Axuda no Fogar en el municipio, tras la subida un 22 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 900 euros. El teniente de alcalde y edil de Benestar Social, Nicolás González Casares, señaló que lo primero que deberá aportar la empresa es documentación que acredite de forma fehaciente que esta importante subida del SMI repercute de forma directa en la marcha de la concesión, y hasta qué punto lo hace.
Casares manifestó que por el momento la empresa les ha hecho llegar una comunicación alertando del problema, pero sin una cuantificación concreta de lo que demanda. Reconoce que desde Galaurea se llega a plantear la posibilidad de la resolución del contrato, pero señala que en un servicio esencial como el SAF la legislación marca que aunque la empresa renuncie deberá seguir durante un período mínimo prestando el servicio. De llegarse a ese extremo, que el gobierno local prefiere evitar, el Concello licitaría de nuevo el servicio con un nuevo concurso, que incluiría previsiblemente una subida de los actuales 10,93 euros/hora más IVA.
Anterior demanda
Casares desveló que ya con anterioridad a este escrito, desde Galaurea se había reclamado mayores pagos al Concello lalinense para la subida salarial de un 2 % a las trabajadoras. De hecho, el gobierno local se reunió con ellas para explicarles que era la empresa la responsable de aquella alza salarial, sin que el ayuntamiento pudiese aumentar las cuantías a la firma por encima de las fijadas en el contrato.
González Casares admite que la situación es ahora distinta, porque la subida del SMI es muy cuantiosa, y abre la puerta a la negociación. En todo caso, defiende la medida «porque había moita xente, como estas traballadoras, con traballos duros por unha cantidade escasa. Porque se hai problemas pola suba do salario mínimo, significa que cobraban menos de 900 euros ao mes».
Fernández indica que 45 jóvenes inician en febrero tres líneas de Mocidade Activa
El concejal de Empleo de Lalín, José Manuel Fernández, aseguró ayer que los tres primeros itinerarios del programa Mocidade Activa, para el que la capital dezana recibió el pasado año una subvención de 425.000 euros, empezarán a desarrollarse en febrero. Son las líneas formativas de soldadura, atención sociosanitaria y comercio, que tienen ya las plazas cubiertas y beneficiarán a 45 personas de entre 16 y 29 años. El edil añadió que también están muy avanzados los trámites para poner en marcha hostelería e informática «a pesar das dificultades que nos estamos atopando para atopar participantes».
Esperan que aunque no se cubran esos 30 puestos restantes en su totalidad, los módulos puedan iniciarse igualmente. Con esas perspectivas, Fernández explica que el programa completo de Mocidade Activa podrá estar a pleno funcionamiento en marzo, con el inicio de esos dos líneas. «Polo tanto, esta iniciativa estaría funcionando de acordo co previsto e dentro dos prazos que están concedidos para a súa execución e para a posterior xustificación dunha subvención que en ningún caso se vai perder», sostienen desde el Concello.
Fernández defendió la gestión municipal en empleo, con un 8,5 % más de afiliación a la Seguridad Social en el mandato, y reducción de medio millar de parados. Una bajada de paro que puede incidir en que el programa Mocidade Activa no tenga en este momento todas las plazas cubiertas, dijo.
Sin quejas por la prestación del servicio, con contrato aún 9 meses
González Casares lanzó un mensaje de tranquilidad a las trabajadoras de Galaurea, porque el servicio no se dejará de prestar en ningún caso y su labor será imprescindible. Destacó que el servicio se viene prestando con correción, sin problemas significativos: «A cuestión que xurde agora é un problema de contratación. A empresa aceptou un prezo, e agora haberá que verificar que non alcanza e ver as alternativas». Aunque en principio no son muchas, ya que Casares entiende que una variación de precios podría suponer burlar la ley de contratos, e incluso abocar al Concello a la vía judicial si otros licitadores plantean demandas.
En todo caso, el edil de Benestar apuntó que «toca sentarse coa empresa e ver os mecanismos que temos. E se queren resolver o contrato, ver en que condicións e facelo de xeito pactado». En el Concello confían también en que el Estado habilite fórmulas tras la subida del SMI, que puede generar problemas en cascadas en todas las administraciones locales.
Otra opción sería que Galaurea continúe hasta septiembre, y entonces puede renunciar a los dos años de prórroga establecidos en el contrato que ganó.