Los técnicos admiten que aunque la prórroga no es posible, es la única posibilidad de hecho para seguir prestando el servicio hasta entrar en vigor un nuevo contrato
03 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La gestión del servicio de aguas y alcantarillado de Lalín está desde hace un mes en un limbo legal y administrativo que es ya frente de batalla entre gobierno y oposición, y amenaza con serlo hasta el final del mandato. El pleno ya lo vivió ayer: la concejala Teresa Varela despachó en dos minutos la intención de subir las tasas un 2,2 % a petición de la concesionaria «porque se produce unha prórroga de facto». El portavoz popular José Crespo cargó con dureza, porque quiso entrar en el meollo de la cuestión: esa prórroga de facto, que según el informe de Contratación, y tal y como ratificaron ayer secretario e interventor, no es posible.
Crespo leyó ese informe, que señala que para posibilitar una prórroga de 9 meses el anuncio de licitación del nuevo contrato debiera haberse publicado un mínimo de tres meses antes de finalizar la concesión: o sea, en junio. Pero no se hizo: «Son moitas as anomalías que vemos. Pasos que non se deron e que non se poden dar. Queda claro que o xestionaron mal», cargando contra el retraso en la tramitación: «Fixestes as cousas a destempo, e unha vez máis pillouvos o toro».
Curiosamente, la respuesta a Crespo no llegó del gobierno, sino del interventor, Fidel García: «Se trata de la revisión de precios, no de la prórroga del contrato, que no es posible», admitiendo que se tendría que haber ejecutado un nuevo contrato, pero por su complejidad no es extraño que ocurra, aquí y en otros ayuntamientos. Trató de justificar el limbo legal en que flota el servicio del agua de Lalín, leyendo un texto de una revista especializada que expone que la continuidad con un mismo contratista puede ser «fraudulenta si no se está tramitando un nuevo expediente de contratación», justificando que Lalín sí lo está haciendo. El propio secretario municipal expuso luego que una vez el gobierno denunció el contrato con Espina y Delfín en agosto del 2017 «non hai posibilidade de prórrogas». El Concello tiene en marcha un nuevo contrato, pero ofreció una cifra realista de 3,5 a 4 años para culminar el proceso. Y para garantizar este servicio básico, siempre que la concesionaria esté de acuerdo, «la única posibilidad que hay es seguir con esta situación hasta que entre en vigor el nuevo contrato».
Crespo mostró su malestar ante un ejecutivo parapetado tras los técnicos: «Eu discuto co goberno, non co interventor. Alguén do goberno dará unha explicación política ...», reclamó. Le tocó a Casares. Relató todo el proceso de contratación de asesorías iniciado hace más de un año para llevar adelante el contrato, como recoge Contratación. El Concello está recibiendo ya estructuras de costes de 7 empresas, que irán a exposición pública un mes, y llegarán al pleno antes de los pliegos de licitación, en un proceso que es largo.
El portavoz de PP agradeció a Casares su explicación política, más allá de la intervención técnica del interventor, aunque aumentó sus dudas y arremetió contra la falta de gestión del gobierno.
Intervención habría reparado renovar con Espina y Delfín
El pleno sirvió, al menos, para aclarar por qué un gobierno local en minoría se mete en el inmenso jardín de licitar un contrato tan complejo como el del agua y alcantarillado con el riesgo evidente de que le estalle en la recta final del mandato, en lugar de prorrogar por cinco años más con Espina y Delfín como hubiera sido posible: «A anterior interventora dixo que ela se se facía esa prórroga a reparaba. E ante esa advertencia decidimos non prorrogar», explicó Nicolás González Casares. Habrá que ver cuántos reparos caerán ahora por pagos a Espina con el contrato ya vencido.
El cuatripartito se abre a negociar sin límites con la oposición, y valida el alza del IPC
El gobierno local es consciente de la compleja situación que afronta el Concello, con una gestión del agua prorrogada de hecho sin poder estarlo. Así lanzó mensajes de concordia a la oposición, por boca de Casares ?«facemos un ofrecemento do goberno a pactar, porque a aprobación dos pregos depende do pleno, a ver como facemos»?, y más tarde de Francisco Vilariño: «Facemos un chamamento a que se senten, e saquemos o tema. O goberno ten disposición de sacalo adiante co máximo de apoio, sen ningunha liña vermella. Fagan caso a ese chamamento». Eso sí, negando que la actual situación se deba a la mala gestión que le recriminó la oposición, indicando que «o que guiou a este goberno son as indicacións dos técnicos da casa». Crespo dijo que es una cuestión que con la que debe lidiar el gobierno; concedió que sería normal que llevase el tema la nueva corporación, pero duda de que por plazos legales pueda ser.
Cruz pide el Lalinenses do Ano
En la réplica a Vilariño, Cruz tiró de retranca: echó en falta que el gobierno no le echase la culpa de la situación a Medela, o que pidan el aplauso y nombramiento como Lalinenses do Ano por su buena gestión. Porque él en las explicaciones del cuatripartito solo vio «caos por todos lados». Defendió que si Espina quiere aumentar el IPC que lo recurra en los tribunales, y como no tenía claro que no tuviese para él consecuencias legales votar a favor de subir ese 2,2 % las tasas, votó en contra. El PP se abstuvo, y los votos en solitario del gobierno local sirvieron para validar el incremento tarifario.