Reclama 21.000 euros al Concello por caerse en la puerta exterior de acceso a Liñares

Javier Benito
j. benito LALÍN / LA VOZ

LALÍN

El Ejecutivo desestimó indemnizar a la mujer por las lesiones sufridas, achacando lo ocurrido «a una falta da debida atención»

06 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Una excursión al pazo de Liñares acabó convirtiéndose en un día aciago para una mujer que participaba en el programa En ruta coa Depo. Una caída en la puerta de acceso principal a la casa señorial lalinense le produjo lesiones. Consideró la afectada que el accidente estuvo causado por la altura del escalón existente, además de presentar la piedra un resalte peligroso. Tras lo ocurrido en noviembre del 2016, en noviembre del pasado año remitió un escrito al Concello de Lalín reclamando una indemnización por responsabilidad patrimonial de 21.155 euros por las lesione padecidas.

La reclamación de esta mujer se abordó en una reciente junta de gobierno local, donde los ediles acordaron desestimar la demanda de esa indemnización económica. Antes se tramitó diversa documentación, además de trasladar el asunto a la Diputación el pasado enero, como organizadora de la excursión. El informe abordado por los concejales, donde se proponía la desestimación elaborado el pasado junio, incidía en que la mujer accidentada participó en una actividad no organizada por el Concello y que «comporta certo risco e, xa que logo, ten que soportar o dano que se poida derivar de dita decisión que foi libre e conscientemente adoptada».

Además el informe alude a que no hubo ninguna anormalidad en la puesta a disposición de los interesados el pazo de Liñares, que como Bien de Interese Cultural (BIC) requirió una rehabilitación donde conservar la edificación tal como fue concebida, incluida la accesibilidad. También se justificó en la ausencia de un alto porcentaje de riesgo, ya que solo hubo ese accidente entre más de 10.000 visitantes. Un percance que «semella ter acontecido máis por unha falta da debida atención e coidado pola súa parte», recalca el informe, avalado por resolución en julio pedida al Consello Consultivo de Galicia.