Martul avisa a los concejales del riesgo de votar contra la aprobación de las facturas

El interventor de Lalín cree que pueden tener responsabilidad patrimonial y deben explicar jurídicamente su postura, en un procedimiento «meramente técnico»


lalín / la voz

Si el gobierno de Lalín tuvo que lidiar más de una vez contra duros informes técnicos, ayer la comparecencia junto al alcalde del interventor Fidel García para explicar el traslado al pleno de 16 facturas reparadas por importe de 12.000 euros fue un aval sin fisuras a la versión ofrecida desde el ejecutivo por la concejala de Hacienda Teresa Varela.

El funcionario explicó los importantes cambios en la normativa de contratación, que restringen mucho más que hasta la fecha los contratos menores. Tomando como referencia la interpretación del Tribunal de Cuentas, este no admite emplear el contrato menor para necesidades periódicas y previsibles. En su función fiscalizadora de las facturas que pasa a aprobación a junta de gobierno local, Intervención encontró facturas que se repiten en el tiempo porque son necesidades periódicas, y por tanto no encajan bien en el contrato menor. Preparó por ello un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para llevar al pleno, porque así figura en las bases de ejecución del presupuesto, en su base 15.

En el presupuesto desde 2010

Un apartado que se mantiene inalterado al menos desde el año 2010, y que fija que es el pleno quien debe aprobar los procedimientos extrajudiciales cuando no se ha seguido el procedimiento de contratación más correcto.

García indicó que con las facturas conformadas, porque el trabajo está hecho, el Concello no puede dejar de aprobarlas y pagarlas, para evitar el enriquecimiento indebido del ayuntamiento. En caso de que el pleno no las apruebe, tendrá que devolverlas y a las empresas no les quedará otra vía que el recurso judicial. Explica que son reiteradas las sentencias que obligan siempre a los ayuntamientos a pagar esos trabajos, en un proceso «antieconómico» dijo: al pago de las facturas pueden sumarse intereses legales e incluso costas.

Preguntado por las responsabilidades que puedan contraer los concejales que aprueben en pleno las facturas reparadas, el interventor subrayó -y así dijo habérselo explicado al popular José Crespo- que «son facturas que cuentan todas con la conformidad del responsable en el ayuntamiento; es simplemente que el órgano que aprueba el gasto en vez de ser la junta de gobierno, que sería el trámite ordinario, va a ser el pleno. En ningún momento se requiere de los concejales que se responsabilicen de comprobar que el trabajo está correctamente hecho». Por si no quedaba claro, apostilló el alcalde: «É dicir, a resposta é non. Non incorren en ningún tipo de responsabilidade», afirmación que refrendó el interventor.

Fue más allá Fidel García, al considerar que incurriría en responsabilidad el concejal que votase desfavorablemente el reconocimiento extrajudicial. ¿Por qué? Porque de no aprobarse las facturas habría que devolverlas, y el proveedor tendría derecho a acudir al juzgado, y si condena con intereses y costas «es un gasto que puede considerarse indebido». El interventor entiende que «podría tener responsabilidad patrimonial si votase en contra el concejal. Por eso entiendo que los concejales si quieren votar en contra es importante que motiven su voto jurídicamente, desde el aspecto político yo no entro». Cuíña lo definió como la clave en términos políticos: «O que vote en contra pode ter máis posibilidades de ter problemas legais que quen se absteña ou vote a favor».

Para garantizar servicios

El interventor señaló que este procedimiento es «una cuestión meramente técnica», no de mala gestión del gobierno, explicando que en ocasiones las administraciones tienen que recurrir a estas contrataciones para salvaguardar la prestación de servicios, recordando el alcalde que el 90 % de las facturas son necesidades para los vecinos, como cambio de bombillas, «cousas do día a día, non caprichos».

El alto funcionario advirtió de que el Concello debe desterrar el contrato menor y optar por el procedimiento de contratación abierto simplificado que plantea la nueva ley de contratos públicos. Supondrá un esfuerzo inicial, pero «tiene ventajas evidentes para proveedores y Concello», aseguró Fidel García.

Cuíña defiende su gestión económica, que permite ahora valorar la compra del cine Balado

Rafael Cuíña defendió ayer la gestión económica de su gobierno. Sin querer entrar en guerras con el PP en este tema «porque pode afectar a empresas de Lalín, e eu creo que xente ten que cobrar e punto», sí manifestó que la exposición del interventor fue esclarecedora, demandando a la oposición no hacer política con estas cuestiones, máxime cuando Crespo Iglesias conocía la situación tras hablar con el interventor, expuso el regidor.

Puso datos a su defensa: Lalín tiene a fecha de hoy 6,3 millones en caja, y la deuda en abril estaba en 960.000 euros ?crédito del Edusi aparte, que se amortizará después?; también avanzó que la liquidación del pasado ejercicio se saldará con un «moi importante remanente». Una situación opuesta, indicó, a la que se encontró al llegar hace tres años a la alcaldía que hace del Concello «posiblemente a empresa máis solvente da comarca», saneado para los vecinos y que puede permitirse inversiones de calado.

Y lanzó una que estudia el gobierno local: estos días solicitó a responsables de Abanca un precio definitivo por el cine Balado, para valorar su adquisición por parte del Concello. Son recursos que también se pueden destinar a saneamientos, porque aseguró que su objetivo fue hacer de este el mandato de las pequeñas cosas, para una vez saneada la caja municipal, poder afrontar grandes proyectos en lo que restase de mandato y en el siguiente.

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