Multiplicó las demandas judiciales contra el Concello ante el parón negociador
01 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.En la convulsa situación del Concello de Lalín en cuanto a negociación laboral y RPT faltaba el pronunciamiento de la CIG, fuerza sindical mayoritaria en el ayuntamiento con cinco de los ocho representantes de los trabajadores. Su responsable comarcal, Antón Álvarez Merayo, accedió a valorar esa situación, pero con la premisa de abrir el foco mucho más allá de la polémica del informe del abogado sobre la RPT: «Agora mesmo os traballadores son material de contenda electoral entre a oposición e o goberno, e empeza a fartar. Como sindicato non estamos do lado duns nin doutros, senón dos traballadores, e queremos que se pare de utilizalos porque todo o mundo ten por onde recibir».
Merayo detecta prisas en el Concello por negociar el plus de productividades ahora, pero subraya que está negociado y firmado por las partes en mesa de negociación: «Se non está aprobado é porque existen certos reparos de Intervención e Secretaría», valorando que al menos esta última área expuso en qué falla lo acordado «pero Intervención non clarifica nada. Pedimos reunirnos cos funcionarios para buscar unha saída, e non houbo resposta deles. Falta que os responsables da negociación, que é a parte política, os apreten para darlle unha solución». Porque CIG encuentra «certa lentitude e certa deixadez á hora de negociar» por parte del ejecutivo local. Llega a denunciar «unha parálise total na negociación colectiva», hecho que ha llevado a la central a multiplicar sus demandas judiciales en los últimos meses para desbloquear la situación. Así, plantearon 14 demandas ante el juzgado de lo social para hacer indefinidos a otros tantos trabajadores, acatando lo que ordenó Inspección de Trabajo; otras seis demandas por equiparación salarial ?podrían sumarse otras cuatro? y una para reclamar un plus de eventualidad con atrasos. Y subraya que, frente a las tesis de Intervención negando pagos de productividad, ya hay alguna sentencia que da la razón a los trabajadores. Recuerda además que cuando se negoció la productividad se planteó que existiese consenso en la corporación para no hurgar en el posible levantamiento de reparos: «Nós pedimos unha reunión á oposición en decembro para falar do tema e aínda estamos esperando».
La CIG demanda al gobierno local recuperar «o espírito que había ao principio de facer as cousas ben, que se comprometan» en una negociación colectiva que debe abordarlo todo: «Este sindicato non se vai sentar para falar só de produtividade. Hai que falar da RPT, da indefinición dos traballadores», que habían sido contratados en fraude de ley por el gobierno del PP.
La propuesta de RPT del abogado, abstracta en exceso
Merayo elude valorar si el contrato para reestructurar la RPT era o no legal. Sostiene que el abogado contratado «estivo en todas as reunións e fixo o seu traballo, e creo que ata ben, con independencia que pode gustar máis ou menos porque el traballaba para o Concello, non para os traballadores. En novembro se nos achegou a proposta, da que na CIG esperabamos máis». ¿Por qué? Esperaban que avanzase más «porque ao final temos un borrador con puntos da lei». Cree que faltó valentía: concretar con nombres y apellidos quien debería ocupar cada puesto, «na RPT hai que baixar ao concreto, e quedámonos no abstracto». Sostiene que se había distribuido entre los trabajadores al inicio formularios para recoger sus funciones y distribuir, a priori, los puestos. Y eso no figura: «Debería haber unha especie de memoria que dixera onde ir colocando a xente que temos, e botei en falta ese paso adiante, en vez dun modelo que vale para calquer sitio».
Responsabilidades compartidas por el anterior ejecutivo del PP y por el cuatripartito
CIG considera que gobierno y oposición utilizan la actual situación laboral del Concello como arma arrojadiza, cuando «todos son responsables». El PP, porque el origen del problema viene «dunha RPT que o goberno anterior fixo tarde, mal e a rastro. A nivel legal non sabemos onde se pode suxeitar, ao non haber negociación colectiva as cousas se fixeron como se fixeron». Sostiene por ello que no hay base para empezar a negociar la RPT, tendrá que ser de cero, porque «é moi difícil negociar postos de traballo con nomes e apelidos e funcións a desenvolver, cando eses postos parten dunha situación de fraude de lei. Algunha responsabilidade terá o PP sobre esta RPT», concluye. Pero añade: «Tamén ten responsabilidade o goberno actual, porque eses traballadores podían ser indefinidos todos», y aún no lo son porque el cuatripartito presentó recursos contra la indefinición que ordenaba Inspección de Trabajo, llevando a CIG a exigirlo en el juzgado. Merayo no entiende por qué se recurrió la decisión de Trabajo, ya que no ve riesgos para el Concello de haber acatado la orden de la inspección: «Un contrato indefinido non dá un posto, porque non houbo concurso-oposición», y esas plazas podrían salir a concurso y cubrirse respetando la legalidad «como se tiña que ter feito desde o principio». Y con los contratos indefinidos, sostiene que el Concello tributaría menos a la Seguridad Social y daría a los trabajadores más tranquilidad, amén de indemnizaciones más elevadas.
Del PP no entiende cómo ahora pide prisas en la negociación de la RPT, y encima que se haga parcial para el Patronato Cultural: «Haberá outras maneiras de contratar unha persoa ?dice sobre docentes de trompa-trompeta?, pero que se lembren de quen contratou a Sniekers sen titulación e por que». Por eso insta a Crespo y al PP a no erigirse en representantes de los trabajadores «cando o mal principal vén da súa xestión». CIG no aceptará tampoco una RPT parcial. Porque ya vivió la experiencia del cobro de trienios: fue progresivo, pero aún faltan muchos por percibirlos. Cree que los del Concello los reciben ya todos, pero faltan los trabajadores del patronato, aunque hay acuerdo para hacerlo desde este mes.
Merayo es consciente de la lentitud que supondrá negociar la RPT de Lalín. Por eso apunta la posibilidad de un convenio colectivo para el Concello, en un tiempo sensiblemente menor. Permitiría articular unas reglas de juego para todos, marcando derechos y obligaciones, y evitaría acudir al juzgado a reclamar por cuestiones como la equiparación salarial. Porque a la CIG no le valen negociaciones parciales ni parches: «Se nos sentamos a negociar saquemos as cousas adiante, que haxa un compromiso para eso. Se non é así este sindicato seguirá traballando pola vía que está agora mesmo, que é a vía legal», concluye.