Rebate el informe de la interventora y dice que entregó todo dentro de plazo
17 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El contenido del informe de la interventora municipal sobre el contrato de la nueva Relación de Postos de Traballo (RPT) del Concello de Lalín generó ayer las primeras reacciones. La oposición pidió nueva documentación, el PP, o criticó al gobierno local, el edil no adscrito. Mientras desde el consistorio no se pronunciaban, quien sí lo hizo fue el abogado Miguel Diéguez, adjudicatario del contrato, para mostrarse totalmente sorprendido por las palabras de la interventora. Aseguró además que en ningún momento tenía que elaborar una nueva RPT y que cumplió las condiciones fijadas.
Diéguez desveló el contrato, en concreto su objetivo: «Servizo de asesoramento e elaboración do estudo e proposta de reestructuración da Relación de Postos de Traballo do Concello de Lalín e do seu organismo autónomo así como da organización dos seus recursos humanos». En base a ello, insistió el letrado, no tenía que elaborar una nueva RPT si no propuestas relativas a la misma. Aludió a las dificultades de partida que tuvo porque no había esa documentación en el consistorio, con una RPT «de hace diez años y que había hecho la Diputación, que la tenía en su poder y tardó en enviarse».
El adjudicatario del contrato también incidió en que hay acuerdos y documentación del proceso de su trabajo en actas de reuniones, aprobadas y validadas, que no tienen que pasar por registro como aludía la interventora. Miguel Diéguez citó por ejemplo las reuniones con los representantes sindicales donde se consensuó el reglamento específico de productividad, para poder pagar a los trabajadores, que encontró reparos de la interventora a pesar de «haber sido hecho a imagen y semejanza de otros concellos de la provincia».
«Miente cuando dice que la documentación se entrega el día 19 de febrero, ya que la memoria final se remitió el día 21 de noviembre al jefe de Personal del Concello», explicó. En ese envío le pidió que mandase copia a los miembros de la mesa de negociación, al secretario y a la interventora. También se envió a los sindicatos con representación en el Concello lalinense. Reconoció que el contrato acababa a finales de agosto, con los trabajos hechos a esa fecha aunque el informe final se envió después.
Miguel Diéguez resaltó también que representó al Concello en pleitos desde el Contencioso en Pontevedra al TSXG y el Supremo, renunciando a sus honorarios al considerar que estaban entre sus labores de asesoramiento del contrato por haber personal municipal implicado. O lo ocurrido tras la reclamación de Inspección de Trabajo, lamentando que la interventora recurriese a juicios de valor cuando se cumplió desde el gobierno local y por él de forma estricta lo recogido en el contrato.
Tampoco compartía el argumento de la interventora sobre trabajos que realizó y que supuestamente les competían solo a funcionarios municipales. «Todo es un disparate», sentenció.
El PP pide documentación sobre el contrato e insiste en que falta informe de Secretaría
El PP ya movió ficha tras conocerse el informe de Intervención que ellos mismos habían solicitado en diciembre. Tildan el mismo de «demoledor» y por ello registraron ayer un escrito para acceder a toda la documentación sobre el expediente de contratación de la RPT, así como facturas y su conformación, además de nuevos informes. Recordaron además que siguen sin recibir el informe de Secretaría que debería haberse entregado el día 31 de enero, así como toda lo documentación autorizada -si existía- relativa a un decreto de 26 de diciembre del 2017, como justificantes para que el adjudicatario continuase su actividad a pesar de haber finalizado el contrato.
Los populares también avanzaron que estudian el informe de Intervención por si se pueden derivar responsabilidades políticas, lamentando «o oscurantismo do goberno que mes e medio despois de pasado o prazo aínda non facilitou o acceso á documentación que se autorizou para o 31 de xaneiro nin ao informe de Secretaría».
En el escrito que registró ayer este partido de la oposición solicitan «acceso e copia inmediata e sen demora» de ese informe de Secretaría, así como la documentación pedida previamente sobre «expediente de xustificación da renovación ou prórroga de dito contrato, no caso de existir, e todas as facturas e documentos xustificativos dos traballos relacionados ca RPT e con este profesional», cuya consulta se autorizó el 26 de diciembre.
Tras el informe de la interventora del 14 de marzo, el PP pide acceder y obtener copia de la totalidad del expediente del contrato. También de informes requeridos por Eva Casal al encargado de registro, jefe de personal y técnico de empleo del Concello, secretario municipal y asesor jurídico. A ello suman los documentos entregados en el registro por Miguel Diéguez sobre los trabajos de la RPT, las facturas que emitió vinculadas al contrato suscrito para ese fin y cualquier otro formalizado sobre el expediente o la investigación de Casal.
Evalúa emprender acciones legales y resalta que antes no hubo problemas
Miguel Diéguez también aseguró ayer que evalúa emprender acciones legales contra la interventora. «Yo hice mi trabajo y estoy orgulloso de ello», dijo, resaltando el consenso logrado con las centrales sindicales. Respecto a las tres facturas pendientes de pago, recuerda que todas las anteriores y con la predecesora de Eva Casal «se estuvieron pagando sin ningún reparo». «Llevó veinte años trabajando para la Administración local y nunca me pasó nada así, siempre tuve relación permanente con el personal del Concello y hay actas reflejando negociaciones y acuerdos adoptados», insistió.
Por su parte, el edil no adscrito, Juan José Cruz, cree que se «fixo unha ilegalidade no contrato» y que se incumplió, preguntándose por los plazos.