Tras declararla en ruina y advertir de su peligro, el gobierno local da al propietario cinco días para adoptar medidas urgentes y tres meses para el proyecto de derribo
23 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Lalín acaba de ordenar la demolición de un aserradero situado en la zona de Cidade Xardín, tras la denuncia presentada por el titular de una vivienda colindante advirtiendo del mal estado de la edificación. El inspector jefe de Obras realizó una visita de comprobación al inmueble, verificando el peligro del estado de la edificación denunciada, acudiendo los servicios técnicos municipales para emitir informe. En la inspección efectuada el mes pasado se observó que la edificación tiene elementos y materiales con daños que comprometen su estabilidad, además de no respetar las normas de la buena construcción, por lo que concluyen los técnicos que el aserradero está en situación de ruina técnica, y es preciso que el propietario tome medidas para no producir daños a terceros, indicando que procede la declaración de ruina.
Además, en la misma parcela existen otras edificaciones inacabadas que pueden presentar problemas de estabilidad y seguridad, así como irregularidades urbanísticas.
El informe de la Inspección de obras advierte que en caso de derrumbarse el aserradero llegaría a la casa del denunciante. A la vista de la situación, el gobierno local declaró la pasada semana la situación de ruina con inminente peligro de la construcción, y en consecuencia, acuerda su total demolición, a costa del propietario del aserradero.
Para ejecutar la señalada orden de demolición, el dueño de la instalación denunciada dispone de un plazo de tres meses para la presentación del correspondiente proyecto de demolición. Además se le ordena la adopción en el plazo de cinco días de medidas urgentes como colocación de mallas y/o viseras de protección que eviten el desprendimiento de partes de la edificación en parcelas linderas, o bien otro medio de protección equivalente que garantice que no se produzcan daños a terceros.
En caso de incumplimiento del titular, se procederá por parte del Concello a la ejecución forzosa del acuerdo, mediante la imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, acumulables de forma trimestral.