Cifran en casi cuatro millones de euros la deuda de la firma Guerral

Achacan la liquidación a la «desidia e a presuntas disputas entre as dúas irmáns»

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Lalín / la voz

La CIG calcula en cerca de cuatro millones de euros la deuda de la empresa lalinense Confecciones Guerral, en estos momentos en fase de liquidación. Xabier Aboi, en representación de la central sindical, achaca la situación «a desidia e as presuntas disputas entre irmáns» y que está provocando, dice, «a ruina de máis de trinta familias do Deza» y el cierre de una factoría textil que «foi punteira e moi rentable». Recuerda que en el 2014 la empresa, a causa de la crisis, entró en concurso de acreedores. En el 2015, dice, la deuda era de 2,1 millones de euros, cuando la firma llegó a un acuerdo con Hacienda, Seguridad Social, proveedores y firmó un convenio.

En aquel momento, explica Aboi, «a maioria era débeda das propias socias, e a débeda con xente de fora ascendía a 900.000 euros». Una cantidad que considera era «moi asumible para o potencial económico que tiña Confecciones Guerral e as súas donas». La marca es, indica, propiedad de dos hermanas al 50 %. Ahora, afirma, que desde entonces la deuda creció y suma «máis de 3,3 millones de euros, o que hai que sumarlle unhos 400.000 euros dos despidos», lo que sumada a la cifra exacta pendiente de abonar a la Seguridad Social que aún desconocen, alcanzaría según sus cálculos, «cerca de catro millóns de euros de débeda».

Aboi y Antón Álvarez Merayo, secretario de la CIG en la zona, estuvieron acompañados ayer de gran parte de la plantilla, incluidas las delegadas de personal. La firma, que llegó a tener de cerca de cien empleados, contaba ahora algo más de una treintena de trabajadores, todas mujeres excepto tres hombres, incluido, indica, un familiar de una de las propietarias. Aboi añade a las propiedades de las dos hermanas, otras empresas, dice, inmobiliarias calificándolas como «o Amancio Ortega do Deza».

En cuanto a los pagos, explica que a través del convenio firmado con el juzgado «o 2016, tiñan que pagar unha mezquindade, aproximadamente o 1 % e algo pagaron, e este ano terían que pagar o 8 %». Una cifra que considera «nada inasumible», indicando que no hubo más abonos que algunos pagos en efectivo a proveedores. Dice que «houbo problemas dende primeiros de ano, non pagaban, non se facía toda a producción, algún muestrario desapareceu, patróns e empezou a haber retrasos». La razón, considera, «foi as disputas entre as socias porque unha lle quitou poder a outra». Achaca toda la situación a «un duelo de familia no que había 30 e pico persoas que eran as que pagaban as balas, era unha irmá contra outra, un xenro contra outro, un espectáculo». Curiosamente, indica, «son as mesmas dúas irmáns que se repartiron o capital sen ningún problema, repartiron as tendas, as propiedades, os solares, os chalés e innumerables baixos...».

Entre las deudas contraídas cifran en 350.000 euros la que tienen con el Igape. Acusan a la empresa de que «non pagou a Seguridade Social, a Facenda...» y se preguntan si no es delito «quedarse coas cuotas da Seguridade Social da xente». La fábrica, dice, tuvo actividad relativa hasta hace un mes y ahora, solo quedan varios trabajadores en la nave lalinense para llevar a cabo el proceso de liquidación.

La plantilla, mayoritariamente femenina y con meses sin cobrar

La CIG pide a Hacienda que investigue y recomienda a la administración concursal que «que busque os papelitos», argumentando que «parece que pola rede anda circulando algo» y alegando que hay cosas «na nube que as carga o demo». Aboi explica que en septiembre se encontraron con el nombramiento del administrador concursal y que «nestes últimos dous meses estase actuando aclarando as contas, quen pagou, quen non pagou» asegurando que «temos sospeitas de que non todo se facturaba».

Aboi recuerda que en la plantilla hay empleadas que llevan más de 30 y de 40 años en la empresa y que quedarán sin trabajo «nunha idade difícil». Espera que el juzgado agilice la tramitación de los despidos y que en enero puedan empezar a cobrar el paro, con lo que sumarían unos seis meses sin ingresos.

Cree que con una parte muy pequeña de sus propiedades las propietarias de la empresa lalinense podrían hacer frente al pago de la deuda con la plantilla que va a ir al Fogasa «si pode».

En cuanto a las tiendas, propiedad de la firma, Aboi indica que la de Santiago está ya cerrada en estos momentos y que las de Lugo y la de Pamplona cerrarán cuando lo ordene el administrador concursal. Aboi denunció la caída de las empresas del sector textil en la zona, una potencia que, dice, se vino abajo apuntando que de la gran lista de empresas «queda Florentino onde hai despidos cada pouco» y que considera que «está en estado catatónico».

Estiman el patrimonio en más de 13 millones y hablan de posible nueva firma

Aboi señala que al parecer «están montando xa unha empresa en Lalín, na nave vella, e están visitando xa a proveedores e clientes», comentando que «parece ser que andan decindo que collerán de novo á xente». Aboi pide a la patronal que pague primero a las trabajadoras que llevan cuatro meses sin cobrar.

En cuanto a las supuestas propiedades de las dueñas, los datos recogidos por la CIG en el registro suman, dicen, una larga lista de bienes cuyo valor en el mercado estiman «en máis de 13 millones de euros». Entre ellas, dicen. propiedades inmobiliarias en Lalín, Lugo, Santiago, A Coruña, O Grove o la Illa da Toxa.

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