El Juzgado de lo Mercantil abrió la fase de liquidación de Guerral

Rocío Perez Ramos
Rocío Ramos LALÍN / LA VOZ

LALÍN

miguel souto

Fue solicitada por la empresa, que alegó la imposibilidad de cumplir el convenio

24 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra abrió la fase de liquidación de la empresa lalinense Confecciones Guerral, una de las pocas grandes firmas de la industria textil que quedaban en la comarca dezana y que había sobrevivido a los duros años de la crisis económica. Se cierra así un proceso que arrancó el 16 de septiembre del 2014 el entonces secretario judicial del citado tribunal pontevedrés firmaba un anuncio publicado más tarde en el Boletín Oficial del Estado por el que se comunicaba la declaración de concurso voluntario de Confecciones Guerral S. A., con domicilio social en el polígono Lalín 2000.

En su solicitud de concurso la empresa lalinense declaraba al Juzgado por esas fechas una deuda de 2,4 millones de euros. Exactamente se estimaba un pasivo de 2.455.929 euros. Una cifra que quedaba en aquel momento muy por debajo del activo apuntado desde la empresa. Sus bienes alcanzaban en aquella fecha un valor estimado en 3.332.428 euros.

Hay que tener en cuenta que en ese momento aún no se recogieran las reclamaciones de los deudores con lo que la cantidad inicial es muy habitual que varíe, en algunos casos de forma importante. En estos años no todo fueron malas noticias y una inyección de capital social, entre otras acciones, permitió a la empresa lalinense firmar un convenio aprobado por medio de una sentencia dictada el 12 de marzo del 2015 con el Juzgado y remontar el concurso mientras se iba cumpliendo el convenio.

En el pasado mes de julio se celebró una junta general de accionistas de la firma en la que las dos socias acordaron disolver la sociedad. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra acordó que durante la fase de liquidación quedan en suspenso las facultades de administración y disposición de los propietarios de la firma concursada sobre su patrimonio, declarando disuelta Confecciones Guerral y cesando en sus funciones los administradores de la misma.

Estas atribuciones, tal y como dicta la ley concursal, pasan a manos del administrador concursal, el mismo que fue nombrado en su día por este tribunal de Pontevedra una vez se declaró el concurso voluntario de acreedores, y que es el economista pontevedrés César Enrique Martínez Gómez.

Tras la declaración de apertura de la fase de liquidación, el siguiente paso fue el encargo a la administración concursal del correspondiente plan de liquidación de los bienes de la empresa con el objetivo de monetarizarlos de cara a hacer frente al pago de las deudas contraídas.

Por parte de la empresa lalinense se solicitó la apertura de la liquidación alegando la imposibilidad de cumplir el convenio suscrito en su día con el Juzgado. Una puerta abierta en todo momento a las empresas y a la que podían optar cuando se produjese la imposibilidad de cumplir con los pagos y las obligaciones fijadas en el propio convenio. La misma opción que antes que Guerral se vieron obligadas a hacer otras firmas de la zona en los años de la crisis.

Una fábrica, varias tiendas y una plantilla de una treintena de trabajadores

Nacida en los años 40, Confecciones Guerral fue siempre una empresa familiar. En octubre del 2014, a raíz de unas elecciones sindicales, se cifraba en algo más de una treintena el número de trabajadores de la plantilla. En estos momentos, al parecer quedan en la fábrica cuatro personas, a las que se sumarían las de las tiendas de la firma.

En la página web de Guerral y en su página de Facebook, la foto más actual es una de la colección otoño-invierno del 2018 y se recogen como tiendas de la firma una en Lugo, una en Santiago de Compostela y una tercera en Pamplona.

Dentro de la fase de liquidación se tendrá que incluir los posibles pagos a los deudores. Dentro de ellos se encuentra la plantilla de trabajadores que presuntamente tienen pendiente en muchos caso el cobro de varios salarios pendientes.

En uno de los escritos enviados al Juzgado por una de las accionistas de la empresa lalinense se argumentaba que la petición de liquidación se realizaba con el fin de no perjudicar al conjunto de acreedores y a los trabajadores dado que, decía, no había carga de trabajo y no se podían resolver sus contratos.

La apertura de la fase de liquidación supone también satisfacer en la medida de lo posible las reclamaciones del personal de la empresa y de los acreedores y evitar también que los bienes y los activos con los que cuenta la empresa, no solo el inmueble, sino la maquinaria y demás propiedades, pudieran perder valor. Un proceso de liquidación que se encuentra ahora en manos de la administración concursal.