El agua y el saneamiento en Lalín se encarecerá el 1,6 % para el 2018

Javier Benito
javier benito LALÍN / LA VOZ

LALÍN

Miguel Souto

El incremento supone aplicar el IPC, como recoge el contrato con la concesionaria

24 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Al pleno del día 6 de noviembre el gobierno de Lalín llevará la modificación de varias ordenanzas fiscales para el próximo año, que incluyen desde la ampliación de la exención en el pago del impuesto de vehículos a determinados colectivos a la bonificación del 95 % en el IBI para explotaciones agrarias y ganaderas. Las medidas a aprobar por la corporación también afectan a dos de las tasas que afectan a la mayoría de los vecinos lalinenses, en concreto el pago de los servicios de abastecimiento de agua y el saneamiento.

En el caso de estas dos tasas, el Concello procederá a aplicar las condiciones establecidas en los contratos de gestión de ambos servicios públicos. La modificación a refrendar por el pleno supone un incremento del precio del agua y el saneamiento en un 1,6 % para el próximo año. El contrato rubricado en su día con la empresa Espina y Delfín prevé un cambio anual de las tarifas aplicables por la prestación de ambos servicios equivalente al incremento o bajada del Índice de Precios de Consumo (IPC). La actualización se realiza en función del IPC entre agosto del 2016 y ese mismo mes del 2017, que creció un 1,6 %, porcentaje al alza que se repercutirá en el 2018 en los recibos.

Bonificación del 95 % del IBI

Otro de los cambios previstos de las ordenanzas fiscales busca beneficiar a los ganaderos y agricultores lalinenses con una bonificación del 95 % del IBI de sus explotaciones. La concejala de Facenda, Teresa Varela, destacó ayer que la medida persigue contribuir «a reducir considerablemente a carga fiscal que soporta o noso medio rural, ao tempo que se afianza de maneira clara e inequívoca o apoio do Concello a un sector estratéxico e dinamizador fundamental da nosa economía produtiva». Se busca asimismo paliar las consecuencias de la revisión catastral puesta en marcha por el Gobierno central, que supondrá incorporar desde establos a granjas o naves agrarias que hasta ahora no tributaban por el IBI.

Teresa Varela explicó que la aplicación de la bonificación del 95 % en la cuota íntegra del impuesto se aplicará a aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades agrícolas o ganaderas, tras ser declaradas de especial interés o utilidad municipal al concurrir circunstancias tanto sociales como de fomento del empleo. Para ello deberán ser declarados por el pleno como de uso principal agrario, previa solicitud de los beneficiarios.

Plazo de solicitud

Respecto a la petición de esas bonificaciones del IBI, deberá realizarse mediante modelo normalizado a establecer por el Concello. El plazo será del día 1 de enero al 31 de marzo del próximo año, manteniéndose su concesión para años sucesivos hasta que se modifique o derogue la ordenanza. La concejala de Facenda afirmó además que el gobierno local pretendía aplicar de oficio esa bonificación, sin petición previa, pero «a Lei do Catastro obriga a que teña que realizarse esa solicitude por parte de posibles beneficiarios».

Exención a pensionistas con discapacidad

También figura ampliar la exención del impuesto de vehículos a nuevos colectivos de pensionistas con discapacidad reconocida. El cambio busca, dijo Varela, adaptarse a la ley de igualdad de oportunidades, ya que la ordenanza vigente solo alude a personas con discapacidad reconocida por la Xunta. Tendrá consideración de persona con discapacidad aquella a la que se reconozca un grado igual o superior al 33 %, así como pensionistas de Seguridad Social por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y los de clases pasivas con paga de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para servicio o inutilidad.

El gobierno local oficializa el reparto de competencias tras la marcha de dos concejales

El gobierno local lalinense oficializaba ayer a través de un decreto de la alcaldía publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra el nuevo reparto de competencias tras las renuncias de Katia Procino y José Manuel Hermida, sustituidos por José Manuel Fernández Taboada y María Jesús Sánchez Fernández. Como ya avanzó La Voz, el teniente de alcalde, Nicolás González Casares, asume Actividade e Produción Agrogandeira, antes responsabilidad de Hermida. Suma este área a Urbanismo, Vivenda, Benestar Social y Saúde Pública. A su cargo están todas las competencias municipales en materia de ordenación, gestión y disciplina urbanística, así como promoción y gestión de viviendas.

Al frente del área de Muller e Igualdade está la nueva edila socialista, María Jesús Sánchez, restando esas competencias a Celia Alonso. Además también lleva Eventos Deportivos e Xestión do Lalín Arena, junto con la gestión y funcionamiento del párking Aldea Grande. Celia Alonso pasa a tener tan solo el área de Medio Ambiente, Parques e Xardíns, que incluye por ejemplo la puesta en marcha de medidas de ahorro energético o las cuestiones vinculadas a la tenencia de perros.

El otro nuevo concejal, José Manuel Fernández, incorporado por CxL tras la marcha de Katia Procino, asume el área de Comercio, Emprego e Réxime Interno. A su cargo por ejemplo están los talleres de empleo o la tramitación y celebración de cursos de formación ocupacional, así como el impulso del comercio local lalinense.