El decreto de Rafael Cuíña advierte que de lo contrario el ocupante se enfrenta a multas coercitivas, con ejecución subsidiaria de la acción por el ayuntamiento
24 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La polémica vecinal por la ocupación particular de un camino público que une Vilasoa y Santiso entra en su tramo final. Tras la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Pontevedra, que cuestionaba la inactividad administrativa del Concello lalinense en el caso y le ordenaba «adoptar cuantos acuerdos y actuaciones sean precisas para la defensa y recuperación para el uso público del camino litigioso», el ejecutivo se puso manos a la obra para cumplir el fallo judicial. De esta forma, el alcalde Rafael Cuíña dictaba el pasado miércoles un decreto en ejecución de la sentencia, para declarar el uso público del camino que comunica la pista que va de Bendoiro a Santiso con la que se dirige al lugar de Vilasoa (Bendoiro).
Y en consecuencia, ordena las acciones necesarias para la defensa y recuperación de la posesión pública del referido camino, y requiere para ello al vecino que lo ocupó para que en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción del decreto, «deixe libre e expedito o citado camiño, repoñéndoo á situación na que se atopaba anteriormente». En esa línea, el decreto de la alcaldía de Lalín le exige la retirada de lo sembrado y de cuantos otros obstáculos existan en el vial, así como proceder a la reposición del acceso que tenía desde la pista que se dirige a Santiso.
El decreto incluye también una advertencia expresa al vecino que ocupó el camino público, en el sentido de que de no proceder a las acciones requeridas para la recuperación de la posesión pública del camino, será el propio Concello lalinense quien acometa la ejecución subsidiaria, incluso mediante la imposición de multas coercitivas. La sentencia que ahora se ejecuta mediante el decreto de alcaldía recoge un informe municipal que señala que el vecino denunciado llegó a arar el último tramo del camino, indicando que ninguna documentación aportada ponía en duda la titularidad pública del vial, en que el Concello había hecho tareas de asfaltado.