La Diputación rechaza revisar precios en el vivero de empresas de Lalín

j. Benito / ch. casares LALÍN, PONTEVEDRA / LA VOZ

LALÍN

Crespo reclama el estudio económico y critica el nulo interés del bipartito

02 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Lalín tenía ayer protagonismo en el pleno de la Diputación de Pontevedra. El Partido Popular defendía una moción para instar al gobierno provincial a rebajar los precios fijados en el vivero de empresas lalinense así como en el de Barro-Meis. Ya lo había hecho en la jornada anterior en la sesión plenaria de Lalín, sin que el cuatripartito local apoyase a los populares en su demanda, justificando el precio en el tamaño reducido de este vivero. Ocurría lo mismo con el bipartito de la corporación provincial, que rechazó la moción defendida por el diputado del PP y portavoz municipal lalinense, José Crespo Iglesias.

Lamentó Crespo la actitud del bipartito PSOE-BNG por restar al vivero de empresas el interés social con el que nacían, dados los elevados precios fijados para asentarse en sus naves y oficinas. Ironizó si con esas cuantías realmente se busca combatir el paro para recordar que «esta ferramenta contou co 80 % de financiamento dende o Incyde e o resto da Deputación, que podería mollarse un pouco máis e non buscar recuperar todo o que custa». Recordó que la institución provincial ni habló con el Concello de Lalín ni con la patronal dezana sobre la puesta en marcha del vivero de empresas.

El diputado dezano cuestionó al bipartito por escudarse en que debía haber sido él quien acudiese a hablar con el gobierno provincial: «Non vou meter as narices sen que ninguén me chame; é unha desfachatez esa saída, como o foi non haberme invitado a inauguración do viveiro ou do laboratorio de Mouriscade». José Crespo resaltó que cuesta más cara una nave en el vivero de Lalín 2000 que optando por la oferta privada de ese tipo de instalaciones.

Además el diputado lalinense solicitó por escrito a la Diputación que le faciliten el estudio económico empleado para fijar los precios en el vivero lalinense. «Case seguro que está mal feito», dijo, aludiendo por ejemplo a que el suelo se cedió de forma gratuita por el Concello cuando en Barro-Meis se utilizaron parcelas de la Diputación cuyo precio se debía repercutir, ya que habían podido venderse.

Durante la sesión plenaria desde el bipartito también se esgrimió la existencia de demanda para mantener los precios. Pero ironizó Crespo sobre si seguirá después de un año, al irse incrementando el coste, «excesivo a partir do terceiro». Puso un ejemplo, con un coste de una oficina el primer ejercicio de 110 euros, cuantía que subiría a 200 el tercero. Mientras, las naves pasarían respectivamente de 823 a 1.645 euros, cuando «as tarifas de mercado libre en Lalín 2000 para naves en aluguer é tres veces máis baixas para o primeiro ano e seis no terceiro».

José Crespo aludió ademásl vivero de Zona Franca de Vigo, con precios mucho más bajos y donde «falaron cos concellos e implicaron aos axentes de emprego».

¿Fin al cronómetro en los plenos del gobierno provincial?

Unos lo imponen. Otros lo acatan. Casi todos lo cumplen. Pero a nadie le gusta. Desde que se ha retomado el reglamento de intervenciones de los grupos provinciales en el pleno de la Diputación de Pontevedra, el PP está crispado, el BNG no disimula que le chirría el modelo, el PSOE lo impone desde la presidencia del pleno sin creer mucho en una regulación de tiempos aprobada en 1999, pero que activó en respuesta a la crispación impulsada por el PP en los primeros plenos del mandato. El diputado de Son, las siglas de las mareas en la Diputación, tampoco acaba de verlo claro.

Supone restringir la réplica en el debate y limitar las intervenciones a un tiempo máximo de diez minutos -a veces eternos, a veces insuficientes, en función de la sustancia de lo que se vaya a debatir-. Pero como desde que se han impuesto los diez minutos de intervención los diputados saben que no tendrán más ocasiones de exponer sus motivos, estos los exprimen al máximo, así haya que hablar de la avispa asiática, el franquismo, de la fundación de las olimpiadas o de los refugiados, como ocurrió ayer. También consumo exhaustivo de ese tiempo para cuando, en bucle, esos diez minutos son para justificar por qué hay que tumbar la restricción del cronómetro. También sucedió ayer.

Petición de supresión

El PP reclamaba la supresión de un reglamento aprobado cuando gobernaban los propios populares, pero que nunca se llegó a aplicar y se ha ido a imponer -paradojas de las decisiones políticas- cuando el PP ha pasado, dieciséis años después, a la oposición.

Luis Aragunde (PP) -Aranguren, como el filósofo, para la presidenta de la Diputación, que ayer, no se sabe si con fina ironía o simple cortesía, le pidió disculpas por referirse a él casi siempre así- arremetió contra la limitación de tiempo de un reglamento «do século pasado». Del siglo pasado, pero aprobado por el PP, le replicó desde las filas del PSOE Carlos López Font, quien desveló que se está haciendo ya un cambio del reglamento. El PP, sorprendido, ha pedido consenso. Y el BNG dijo, a través del vicepresidente de la Diputación, César Mosquera, que el consenso no es difícil cuando se quiere. «Vostedes sairon moi beneficiados del», deslizó en velada referencia al acuerdo de inicio de mandato por el que se repartieron, entre otras cosas, los salarios, asesores y asignaciones de todos los grupos políticos.

Así las cosas, el de ayer puede ser el penúltimo pleno con el cronómetro soplando en el cogote de sus señorías, o al menos con un modelo que propicie algo más el debate sin caer en el filibusterismo, esa técnica de intervención parlamentaria eterna que lo único que busca es obstruir el propio debate con larguísimos discursos en aquellas instituciones en las que, precisamente, no se regula el tiempo del mismo. Del futuro reglamento solo se sabe que está en elaboración, ahora en pleno siglo XXI. Si será impuesto, acatado y cumplido por todos, o del gusto unánime se sabrá, anunciaron ayer, no mucho más tarde de la próxima sesión o de la siguiente. El cronómetro corre.