Hoy día son muchos los problemas que existen en nuestras sociedades en cuanto a las violaciones de derechos humanos, en este artículo quiero llamar la atención sobre la grave violación que en nuestras sociedades está sufriendo un derecho concreto, aunque, como todos los derechos humanos, resulta absolutamente esencial para la construcción de una sociedad humana justa: el derecho a una educación inclusiva de calidad.
El derecho a la educación inclusiva no es otra cosa que la forma en que hemos de entender el tradicional derecho a la educación conforme al actual sistema de los derechos humanos. Es cierto que el derecho a la educación inclusiva se ha venido vinculando de una forma especial con el derecho a la educación de las niñas y los niños con discapacidad, pero esto solo es debido a que la violación del derecho a una educación de calidad ha afectado de una forma mucho más dramática a estos niños y niñas. En realidad, el derecho a la educación inclusiva es un derecho de todas las niñas y todos los niños, con discapacidad y sin discapacidad, a recibir una educación de calidad en el mismo sistema de educación general, para lo que se han de garantizar los apoyos y ajustes que sean necesarios para atender adecuadamente a las diversas necesidades educativas que presenten. El derecho a la educación inclusiva de calidad ha sido reconocido explícitamente en el artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forma parte de nuestro Ordenamiento jurídico desde el año 2008.
Sin embargo, nuestra realidad jurídica, judicial y social dista mucho de garantizar el debido respeto al derecho a la educación inclusiva. La ignorancia, los prejuicios, los estereotipos que conforman barreras discriminatorias, los tradicionales enemigos de los derechos humanos, están, lamentablemente, muy presentes en nuestra sociedad. Hay muchas pruebas de ello, pero en los últimos tiempos ha surgido una, más que lamentable, aberrante manifestación de estos enemigos de los derechos humanos.
A finales de marzo, en el municipio de Rincón de la Victoria (Málaga), los padres y madres de los compañeros de una niña con autismo hicieron que sus hijos e hijas no fuesen a clase como medida de presión para que se expulsara del colegio a la niña; y por increíble que pueda parecer, este «linchamiento popular» premió, al menos en primera instancia, al victimario y castigó aún más a la víctima, pues la niña fue expulsada del colegio y todavía, a día de hoy, sigue sin estar escolarizada, al no garantizársele a los padres una escolarización con los apoyos y los ajustes necesarios para que pueda ejercer su derecho a la educación inclusiva de calidad. Y hace solo unas semanas, el 24 de noviembre, en el municipio de Lalín (Pontevedra), se reprodujeron básicamente los mismos hechos, los padres y madres de los compañeros de un niño con autismo hicieron que sus hijos e hijas no fuesen al colegio como medida de presión para que el niño fuese sacado de su colegio y trasladado a un centro de educación especial (aunque, en este caso, no todos los padres y madres, ni sus hijos e hijas, secundaron el reprobable acto).
Más allá de las responsabilidades civiles y penales en las que dichos padres, madres, y responsables educativos hayan podido incurrir, este artículo de opinión solo tiene como fin concienciar a todos ellos y a la población en general de la grave injusticia que se está cometiendo contra todos con esta violación del derecho a la educación inclusiva. Si la educación inclusiva de calidad no se produce, ¿quién es el responsable?, ¿el niño, al que no se le proporcionan los apoyos y ajustes necesarios para garantizar su debida educación, o los poderes públicos, y la sociedad en general, que no garantizan el efectivo ejercicio del derecho?.
Con la realización de las acciones comentadas, es evidente que los primeros y más gravemente perjudicados son el niño y la niña con discapacidad, pero es igualmente evidente, para el que quiera entender sin prejuicios, que estos actos dañan de forma igualmente grave a sus compañeros y a la sociedad en general. ¿Cómo creen que van a ser educados?, ¿en la igual dignidad de todos los seres humanos, en la empatía, en la solidaridad, en la construcción de un mundo respetuoso con los derechos humanos?, ¿o más bien en la discriminación, prejuicios, en la intolerancia, en la construcción de un mundo donde los derechos humanos sean solamente plenos para algunos seres humanos?. No nos dejemos guiar por los prejuicios discriminadores. Construyamos un mundo en el que se respeten los derechos humanos, en el que se respete, pues, que todos los niños y niñas puedan ejercer plenamente, en igualdad de condiciones, su derecho a una educación inclusiva de calidad. Ignacio Campoy Cervera, del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid