El juzgado obliga a corregir y sancionar obras ilegales en un edificio de Forcarei

La Voz

FORCAREI

MIGUEL SOUTO

17 dic 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

Los promotores de unas obras realizadas en el edificio número 13 de la calle Progreso de Forcarei deberán presentar un proyecto que permita legalizar la reforma realizada irregularmente en el 2015, eliminando todos los elementos destinados a dotar de habitabilidad el bajo cubierta y suprimiendo también las instalaciones que no cumplan la normativa sectorial aplicable. Además, tendrán que garantizar que las estructuras modificadas en su día no comprometen la seguridad ni la estabilidad del inmueble y se enfrentarán a un expediente sancionador del Concello.

Así lo acaba de determinar el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra en una sentencia que condena al Concello de Forcarei a actuar contra los responsables de las obras y lo acusa de inactividad por no ejercer sus potestades de disciplina urbanística ante una infracción grave. El Concello debe incoar, tramitar y resolver en el plazo máximo de tres meses un procedimiento sancionador frente a promotores y constructores. El mismo plazo tendrán los afectados para presentar el proyecto de legalización y tres meses más para ejecutarlo. De no cumplirse estos plazos, el Concello ordenará la demolición de toda la obra y devolverá el edificio a su estado previo al 2014.

Demanda de un vecino

El caso había terminado en el juzgado a raíz de la demanda interpuesta por los propietarios del primer piso del edificio, que defendieron que la licencia de obra menor concedida en el 2015 por el Concello a los vecinos de las plantas superiores para el cambio de teja no amparaba los trabajos realmente ejecutados en el bajo cubierta -de mucha mayor envergadura y que buscaban convertirlo en vivienda- ni en el tercer piso, en el que se suprimió un pilar de importancia estructural.

La sentencia apunta que en el 2002 ya se habían realizado obras de ampliación del edificio por la parte trasera, en todas las plantas, que implicaron un aumento de superficie, volumen y altura del ático que no se ajustaba a la licencia concedida en 1993. No obstante, en ese caso las denuncias se interpusieron mucho después y no habrá reposición de la legalidad ni sanción.