Afirma que el Concello «non acepta ameazas nin que se use o período electoral para facelas» y subraya que la empresa no puede abandonar el servicio de repente
09 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Contundente fue el comunicado de Galáurea sobre la situación del SAF en Lalín, y no le va a la zaga la respuesta del edil de Benestar, González Casares. Ante la advertencia de la empresa de una posible supresión del servicio tras el incremento del salario mínimo -SMI-, replica que «este Concello non acepta ameazas nin que se use o período electoral para facelas». Sostiene que en un servicio básico como la ayuda en el hogar hay seis meses para la resolución del contrato, por lo que la empresa no puede abandonar la prestación del servicio de repente: «Se deixa de prestar un servizo tan importante como este de asistencia a persoas e o abandona dun día para outro, tomaremos todas as medidas legais oportunas para que se respecte a lei», recordando la existencia de un aval de la empresa que podría ejecutarse. Considera que lo ocurrido en Forcarei no sucederá en Lalín, porque son situaciones contractuales muy distintas.
Casares recuerda que el órgano de contratación en el SAF es el pleno. Aclara a la administradora de Galáurea: «Eu non teño capacidade nin potestade para pagarlle cando ela queira un sobrecusto dun servizo, porque o impide a lei. Pide continuamente que se lle paguen máis cartos do contrato, e iso ten que demostralo, e temos uns procedementos». Explica que el Concello tiene que trabajar con datos e informes técnicos.
Destaca que el informe del asesor jurídico que respaldó la corporación denegó la solicitud de resolución de contrato, pero admite una posible revisión del precio si lo determinan los técnicos por la situación imprevista de la fuerte subida del SMI. En ese punto se está: verificando el incremento de costes, y si se deriva del alza del salario mínimo. Si los técnicos lo ratifican, se pasará a Intervención una propuesta para llevar a pleno y que se pueda pagar luego ese incremento.
El titular de Benestar subraya que para agilizar los análisis técnicos se trasladó documentación laboral a una gestoría, pero borrando todos los datos personales para cumplir la LOPD. Casares espera llevar el expediente del sobrecoste -siempre que así lo cotejen los técnicos municipales- al pleno ordinario de este mes con los informes de Intervención y Secretaría, y será la corporación quien lo aprobará si lo estima oportuno. Apunta que se refirió en alguna reunión a la convocatoria de un pleno extraordinario si fuese necesario, pero con la sesión prevista para el viernes 26 cree que llegará a tiempo el expediente.
Tensiones y presiones
En cuanto a la reunión con Galáurea admite que fue tensa, pero señala que fue la administradora Marta Blanco quien la dio por finalizada: «Veu aquí dicindo que o 15 de abril hai que pagarlle o que ela di, eu díxenlle que hai que observar a lei e que eu non traballo ante chantaxes ou ameazas, que son un representante político elixido polos cidadáns». El teniente de alcalde aseguró que «as ameazas e saídas de ton dela repítense de xeito reiterado, eu advertinlle que ameaza e presiona a un representante público para que a súa empresa reciba algo que eu non podo facer», porque la competencia en el contrato del SAF es del pleno.
Asegura González Casares que hasta la fecha se reunió con Marta Blanco «todas as veces que o solicitou, en moitas ocasións entrando pola porta sen cita previa», pero indica que su teléfono personal no está para recibir constantes presiones por parte de la representante empresarial.
Desmiente un acuerdo para que la empresa pidiese 30.000 euros
González Casares fue categórico al desmentir que existiese un acuerdo del Concello con Galáurea para que esta pidiese 30.000 euros con que hacer frente a pérdidas y pagar salarios: «Eu non lle falei nunca na miña vida nin que lle iamos dar os cartos, cousa que eu non podo facer, nin o que di que hai un acordo para que ela pedira 30.000 euros», una afirmación cuyas implicaciones legales se están estudiando. El concejal sostiene que el Concello no tiene ningún acuerdo con Galáurea en ese sentido: «Iso é unha xestión da empresa. Mente dun xeito continuado».
Fue muy duro también al considerar que «resulta noxento que a representante dunha empresa trate de usar ás traballadoras en contra do Concello de Lalín, que respecta estritamente os termos do contrato que foi asinado por ela, e lle abona as facturas en tempo e forma». Con unos plazos que reducen a la mitad el tiempo para los ingresos por el SAF respecto a los 60 días que asegura permitiría la ley desde la presentación de cada factura en el consistorio; así se recoge en un informe de Intervención. Casares es muy gráfico: «Máis rápido non se dá. É a primeira factura que se paga neste Concello», precisamente por ser un servicio prioritario y por una sensibilidad hacia las trabajadoras. Sostiene Casares que Galáurea es la única concesión con la que se tienen esos problemas, y recuerda que la firma se presentó libremente al concurso del SAF de Lalín. Sobre que el Concello paga poco por el servicio responde: «Pagamos o prezo que ela aceptou».
Técnicos municipales trabajan ya en los pliegos para un nuevo contrato. El actual con Galáurea finaliza en septiembre.